Diputados aprueban prohibición de vapeadores y excluyen a usuarios de posibles sanciones
Ciudad de México, 9 dic (EFE).- Con cambios en lo particular, la Cámara de Diputados de México aprobó este martes las reformas a la Ley General de Salud, en materia de prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos, y materias que fortalecen la atención de la salud de la población.
La aprobación ocurrió con 292 votos a favor, 163 en contra y cero abstenciones y se envió al Senado de México para sus efectos constitucionales.
En lo particular, se aceptó la reserva del diputado Ricardo Monreal Ávila, del oficialita Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien afirmó que queda «jurídicamente blindado» que el consumo y la posesión para uso personal «no constituyen violación alguna».
Y precisó que «solamente aquellos que producen, consumen, comercializan y obtienen ganancias indebido de ellos son los que van a ser sancionados».
La reforma y la propuesta de modificación «no busca sancionar a quien ya ha sido afectado por otros productos. A mí me preocupan los niños; imagínense ustedes, niños de ocho años, de nueve años, ya haciendo uso de este letal artículo de consumo, los vapeadores, porque sí es letal», afirmó Monreal.
Previamente, los diputados mexicanos aprobaron en lo general las reformas constitucionales que prohíben totalmente el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país, con penas de hasta ocho años de prisión por su venta.
Con 324 votos a favor y 129 en contra, los legisladores -de mayoría oficialista- avalaron el dictamen derivado de una iniciativa enviada por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
El dictamen reforma la Ley General de Salud «en materia de prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos similares», y establece penas de uno a ocho años de cárcel por su venta.
También impone una multa equivalente de 100 a 2.000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) -una unidad económica en México-, equivalente a entre 11.314 pesos y 226.280 pesos (unos 621 dólares a 12.430 dólares) por la venta de estos dispositivos.
En concreto, la reforma prohíbe «en todo el territorio nacional» la adquisición, producción, fabricación, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, distribución, venta y suministro de estos dispositivos, así como «todos los actos de publicidad o propaganda» para su consumo.
Y define a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos similares como «todo aparato o sistema mecánico, electrónico o de cualquier tecnología, que se utilizan para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina, diferentes al tabaco, susceptibles de ser inhaladas por la persona consumidora».
La iniciativa también reconoce al «vapeo como una amenaza a la salud pública», lo que permitirá implementar políticas públicas para «disminuir la dependencia a su uso, proteger a grupos vulnerables, y asegurar el pleno respeto del principio de precaución en la gestión de riesgos sanitarios», apuntó el Legislativo en un comunicado.
Además de prohibir los vapeadores, la reforma también fortalece la atención de la salud en México al ampliar las facultades de la Secretaría de Salud en la planeación de infraestructura, el abasto de medicamentos y la coordinación del Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, refuerza la regulación de medicamentos y dispositivos médicos, define el Sistema Federal Sanitario, promueve la participación de la industria nacional y actualiza disposiciones sobre comités de bioética, bioseguridad, productos sanguíneos, células troncales y medicina regenerativa.
Durante la discusión legislativa, diputados de la oposición criticaron al oficialismo por «abrirle la puerta» al crimen organizado en el negocio de los vapeadores y cigarrillos electrónicos.
En junio pasado, organizaciones y especialistas advirtieron -en el marco del Día Mundial del Vapeo, que se celebra cada 31 de mayo- sobre el alarmante crecimiento del «mercado negro» de vaporizadores y cigarros ilegales en México, derivado de políticas prohibitivas y falta de regulación. EFE
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