Duterte apela la decisión de CPI sobre la jurisdicción y víctimas piden que siga detenido
La Haya, 28 oct (EFE).- El expresidente filipino Rodrigo Roa Duterte ha apelado ante la Corte Penal Internacional (CPI) la decisión de los jueces que confirmó la jurisdicción del tribunal para juzgarlo por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la “guerra contra las drogas” en Filipinas, mientras las víctimas urgen a mantenerlo detenido.
En su escrito, la defensa solicita a la Sala de Apelaciones que anule la decisión que confirmó la competencia de la CPI para seguir adelante con el caso, que declare que no existe base legal para continuar el procedimiento y que ordene su “liberación inmediata e incondicional”.
Alega que la Corte carece de jurisdicción para juzgar a Duterte y que mantenerlo en detención preventiva es desproporcionado.
Una Sala de Cuestiones Preliminares determinó la semana pasada que la CPI tiene jurisdicción para investigar los presuntos crímenes cometidos durante la “campaña contra las drogas” de Duterte, incluso después de la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma en 2019, al considerar que los hechos ocurrieron cuando Manila aún era Estado parte del tribunal.
La defensa de Duterte sostiene que la Corte no puede ejercer jurisdicción sobre hechos anteriores al anuncio de la retirada del Estatuto de Roma, que el entonces presidente comunicó en marzo de 2018 y que se hizo efectiva un año después.
Filipinas fue Estado parte entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, periodo en el que, según la Fiscalía, se habrían cometido las ejecuciones extrajudiciales que se investigan como crímenes de lesa humanidad.
Los jueces concluyeron que el examen preliminar abierto por la entonces fiscal Fatou Bensouda en febrero de 2018 ya situó la situación en Filipinas “bajo consideración de la Corte” antes de que la retirada fuese efectiva, lo que garantiza la continuidad de los procedimientos aunque un Estado abandone el tratado.
En respuesta al recurso, la oficina que representa los intereses de las víctimas ya pidió a la Sala de Apelaciones que rechace el recurso de Duterte y defendió que permanezca detenido porque existe “un riesgo real” de fuga, de obstrucción del proceso y de comisión de nuevos crímenes.
Señaló que Duterte ha cuestionado públicamente la legitimidad de su arresto, que su familia ha exigido su retorno a Filipinas y que mantiene apoyo político y redes de influencia en el país, lo que, a juicio de esa representación, hace “visible” el riesgo de evasión si fuera puesto en libertad.
Duterte, de 80 años, fue detenido en marzo en Manila y trasladado a La Haya tras la emisión de una orden de arresto por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La CPI aplazó en septiembre la audiencia de confirmación de cargos prevista para el día 23 de ese mes, después de que la defensa alegara que el exmandatario no se encuentra en condiciones médicas de afrontar el proceso, y cuestionara la jurisdicción del tribunal. EFE
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