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El C.Europa trata de canalizar los ataques al TEDH sobre el control de la inmigración

París, 10 dic (EFE).- El secretario general del Consejo de Europa, el suizo Alain Berset, trató este miércoles de canalizar las críticas de varios países miembros al Tribunal de Estrasburgo al que reprochan dificultar sus políticas de control a la inmigración, ofreciendo diálogo.

«Mi función es propiciar el diálogo sobre esas preocupaciones. El diálogo es importante cuando estamos de acuerdo. Se vuelve indispensable cuando no lo estamos», señaló Berset al comienzo de una reunión de ministros de Justicia en Estrasburgo dedicada a esa cuestión.

En respuesta a las críticas de nueve países que se formalizaron en mayo en una carta conjunta, y que se han reiterado con un nuevo pronunciamiento esta semana de los jefes de Gobierno del Reino Unido y Dinamarca, el secretario general afirmó que el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) «es un instrumento vivo», dando a entender que no es inmutable.

Pero sobre todo, puso el acento en que «como instrumento constitucional del ordenamiento jurídico europeo, es la última salvaguarda de los derechos y libertades individuales en todo nuestro continente» y ofrece «un espacio jurídico común en Europa, basado en la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho».

Indicó que la razón de esta reunión ministerial que él mismo quiso convocar es la «presión» a la que «se ha visto sometido» el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el que han cargado algunos líderes europeos porque estiman que la interpretación que hace del CEDH con su jurisprudencia les limita en su acción contra la inmigración irregular y les impide afrontar los nuevos desafíos.

A ese respecto, Berset admitió que «las nuevas formas y la magnitud de la migración irregular ejercen presión sobre los gobiernos en su esfuerzo por mantener el orden público, garantizar la seguridad nacional y proteger la seguridad de las personas».

«Eso incluye -añadió- la instrumentalización de la inmigración, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de seres humanos y otras actividades delictivas que amenazan la estabilidad y la seguridad».

Puesto que reconoció que «esos retos son reales y legítimos», reiteró su propuesta de «diálogo, cooperación y soluciones compartidas que permitan a todos los Estados miembros participar en pie de igualdad en el Consejo de Europa».

Un diálogo asentado en varias premisas, sobre todo que el CEDH «no pertenece a ninguna institución ni Estado en particular» y que la fuerza del Consejo de Europa se basa en «lo que compartimos: los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho».

Berset explicó que había querido voluntariamente que el TEDH quedara al margen de esta conferencia en aras de «una estricta separación de poderes» y subrayó la importancia que da a su «independencia» y a su «imparcialidad».

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, el irlandés Michael O’Flaherty, cargó sin citar a ningún país en particular contra los que han criticado al TEDH: «me preocupan las inexactitudes y suposiciones que circulan».

O’Flaherty cuestionó la idea de que la entrada de migrantes socave la seguridad nacional de los países del Consejo de Europa -«no es convincente»- y, aunque dijo que su instrumentalización «es deplorable», se mostró convencido de que los Estados están «plenamente capacitados para acoger y examinar las demandas de asilo de las víctimas de esas prácticas».

Sobre todo, negó la suposición de que modificar el CEDH o las prácticas del TEDH cambiarían de forma significativa los flujos migratorios.

También pidió a los ministros que «eviten cualquier discurso que ponga en tela de juicio la legislación» y en particular aludió a las expulsiones en caliente, una práctica contra la que su institución ha trabajado porque estima que no tiene en cuenta los derechos de los migrantes a que se examine su demanda de entrada de forma conveniente para garantizar sus derechos.

El pasado mes de mayo, nueve países de los 46 que forman parte del Consejo de Europa (Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia y República Checa -todos ellos miembros también de la UE-) reclamaban a la organización «una discusión sobre la forma en que las convenciones internacionales responden a los desafíos que afrontamos».

Querían ver, entre otras cosas, si el TEDH «en ciertos casos ha llevado el CEDH demasiado lejos respecto a las intenciones originales», en lo que afecta a la protección de los migrantes que entran de forma irregular.

Este martes, los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer, y de Dinamarca, Mette Frederiksen, pidieron una «modernización de la interpretación» del CEDH para tener en cuenta «los desafíos del siglo XXI». EFE

ac/atc/alf

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