El canciller peruano subraya que reevaluar la pertenencia a la Corte IDH es un derecho

Berlín, 1 oct (EFE).- El canciller peruano, Elmer Schialer, recordó este miércoles en Berlín que la reevaluación que realiza el Ejecutivo de Perú sobre la permanencia del país bajo jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) es un derecho, independientemente de las consecuencias de una eventual salida del alcance de dicho tribunal.

«Todos tenemos el derecho de evaluar críticamente. Y eso es lo que estamos haciendo ahora», defendió Schialer en una rueda de prensa junto a su homólogo alemán, Johann Wadephul, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania.

Schialer dio cuenta de que «sin duda alguna, una decisión de salida del sistema Interamericano de Derechos Humanos puede tener una serie de consecuencias para Perú», algo por lo que, precisamente, según el canciller peruano, la reevaluación de Lima resulta «muy importante».

«Lo que estamos haciendo es evaluar de forma muy cercana si el proceder de estos órganos es un proceder que tiene que ver con la voluntad política y jurídica de los actores que los crearon y que los mantienen en funcionamiento», afirmó Schialer en alusión a la Corte IDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre la actitud peruana respecto a la Corte IDH, Schialer dijo «no es una rebeldía como tal», sino «una evaluación crítica».

Schialer, que sostuvo enfáticamente que Perú respeta los derechos humanos, también lamentó que se haya dado a entender, en su opinión, que el país andino «quiere salir del sistema Interamericano de Derechos Humanos».

«No hay nada más falso que eso y se lo digo con las cinco letras de falso», aseguró tras ser preguntado por las eventuales consecuencias internacionales de una salida de Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El canciller dio estas explicaciones después de que Lima y la Corte IDH se hayan enfrentado a cuenta de la amnistía que el Congreso y el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte aprobaron para militares y policías que estén procesados o condenados, siendo mayores de 70 años, por delitos cometidos entre 1980 y 2000 contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. EFE

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