El Consejo de Europa pide a España plazos más cortos para acceder a documentos oficiales
París, 10 nov (EFE).- El Consejo de Europa recomienda a España que «reduzca el tiempo requerido» para procesar las solicitudes de acceso a documentación oficial, que actualmente pueden alargarse hasta los 30 días, y que «permita el acceso a documentos auxiliares», como borradores, comunicados, informes y mensajes intercambiados entre instituciones.
En un informe de evaluación a España publicado este miércoles, el Grupo de Acceso a la Información (AIG) del Consejo de Europa, pide que mantenga su transparencia y se garantice el acceso a documentación oficial.
«Actualmente, las autoridades españolas disponen de un mes para decidir sobre las solicitudes de acceso», recuerda este organismo supervisor de la Convención de Acceso a Documentos Oficiales, un tratado que dispone las obligaciones necesarias para que los países que la ratificaron.
Como ese plazo «da margen a la discrecionalidad, recomienda a España que reduzca estos plazos».
El AIG también insta a España a «reconsiderar provisiones legales específicas que permiten a las autoridades denegar solicitudes de acceso a información considerada auxiliar».
Además, invita a «reconsiderar las reservas» que la Representación Permanente de España expresó en un documento de 2021, con las que se negó a «ceder el acceso a terceros» a «documentos oficiales que contengan información sensible relativa a impuestos», excepto en «las circunstancias previstas en la ley», para «proteger su confidencialidad estadística».
El AIG indica que el artículo tercero de su Convención prevé mecanismos con los que garantizar el acceso a documentación oficial como la «relativa a impuestos», y las limitaciones que prevé en esta materia no son aplicables al caso de España.
La razón es que esa limitación fijada en el convenio «no constituye un rechazo general al acceso a la información sobre impuestos, sino que se aplica únicamente a datos identificables. La información anonimizada o agregada sigue siendo accesible».
Pese a estas recomendaciones, con las que Estrasburgo espera que España pase a responder a las solicitudes de acceso «tan rápido como sea razonablemente posible», el AIG considera que la «ley española de transparencia» está, «por lo general, alineada» con la convención del Consejo de Europa, y se felicita de que «la mayoría de sus limitaciones se alineen con lo permitido en la convención».
Elogia, además, la evaluación «caso por caso» de las solicitudes de acceso que España hace para cerciorarse sobre el presunto «interés público» de cada petición, así como «la ausencia de formalidades excesivas en la presentación de solicitudes de documentación oficial».EFE
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