El Gobierno de Ecuador atribuye la caída del consumo de diésel al combate de su uso ilegal

Quito, 30 sep (EFE).- El Gobierno de Ecuador atribuyó este martes la reducción promedio de 13,4 % del consumo del diésel en el país a que con la eliminación del subsidio se combate su uso ilegal en áreas como la minería ilegal, el contrabando y el narcotráfico.

El Gobierno Nacional «le puso un alto definitivo a las economías criminales que durante décadas se beneficiaron del subsidio al diésel», indicó el Ministerio de Ambiente y Energía en un comunicado.

Esta aportación estatal «a este combustible líquido -que es utilizado como materia prima para actividades como minería ilegal, contrabando y narcotráfico- representaba una pérdida para el Estado de millones; afectando a la economía nacional y al direccionamiento justo de los recursos públicos», según la fuente.

Subrayó que la reducción en el consumo se evidencia especialmente en provincias que han sido focos de contrabando y minería ilegal, y citó como ejemplo, la provincia de Carchi (fronteriza con Colombia) con una bajada de consumo de 25,7 %.

La variación «no sorprende» considerando que, antes el costo subsidiado de diésel en Ecuador era de 1,80 dólares, (ahora 2,80), mientras Colombia lo comercializaba a aproximadamente tres dólares, apuntó.

«Esta ostensible diferencia hacía del contrabando un negocio lucrativo y rentable para las mafias organizadas que operaban en esa zona provocando pérdidas millonarias al Estado, pues los negocios ilícitos se sostenían con respaldo de un subsidio que salía de los recursos de todos los ecuatorianos», subrayó.

Asimismo, mencionó que en la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas indígenas contra la eliminación del subsidio y separada de Colombia por Carchi, presenta una disminución de consumo de 25,1 %.

«En la minería ilegal, el diésel es un insumo clave para el uso de maquinaria, bombas de agua y generadores», reza el comunicado, que también señala una reducción del 22,6 % en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, y que -según el Gobierno- «se consolidó como un espacio para las mafias involucradas en la minería ilegal».

Para el Gobierno, «la notable diferencia entre lo consumido antes y después de la decisión del retiro del subsidio pone en evidencia que quienes más consumían no eran los que realmente más lo necesitan, sino quienes mejor aprovechaban este aporte estatal para auspiciar actividades ilegales que hoy ya no resultan rentables». EFE

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