El Gobierno de Ecuador no ve voluntad de diálogo en dirigentes del movimiento indígena

Quito, 6 oct (EFE).- La ministra ecuatoriana de Gobierno, Zaida Rovira, aseveró que no hay voluntad de diálogo en los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), cuyas protestas contra el alza del diésel y otras reivindicaciones han entrado este lunes en su tercera semana.

Tras aclarar que el paro convocado con carácter nacional se ha centrado en pocas provincias, siendo Imbabura la más afectada, Rovira relató que hace varios días lograron dialogar con ciertos grupos de indígenas, pero no con los dirigentes de la Conaie.

«Nuestra posición es abierta al diálogo, pero no podemos permitir que se secuestre a una provincia (Imbabura) y ahora se quiera ir a otra provincia (Pichincha)», dijo en la television Teleamazonas en referencia a la amenaza del presidente de la Conaie, Marlon Vargas, de tomar Quito, capital del país y de Pichincha.

«Si el Gobierno no hace caso, vamos a estar convencidos de tomarnos Quito. Ya no podemos seguir aguantando. Ya no podemos seguir soportando», señaló Vargas durante una reunión con comunidades el pasado viernes.

Rovira comentó que han procurado «el diálogo con todas las organizaciones indígenas», pero, «lamentablemente no hemos tenido un eco de la otra parte y lo único que encontramos son amenazas».

«En ese marco es muy difícil dialogar aún cuando busquemos todos los mecanismos», dijo al insistir en que «no ha habido ningún espacio para poder dialogar y revisar las propuestas que tiene la Conaie».

¿Medida política?

Rovira cree que «no existe voluntad ni de dialogar y tampoco de presentar propuestas serias» y apuntó que ha quedado «clarísimo que esta actitud de la dirigencia de la Conaie (…) -porque no obedece a todos los pueblos indígenas- lo único que busca es realizar ya una campaña en contra de la consulta popular; y ya no hablan del motivo original de esta medida (diésel), ahora para ellos todo es ‘No'».

La Conaie ha avanzado que hará campaña por el ‘No’ en la consulta popular prevista para el próximo 16 de noviembre, en la que, entre otras cosas, se consultará a la ciudadanía sobre la apertura de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Esta confederación también ha pedido bajar tres puntos el Impuesto al Valor Agregado, hasta el 12 %, algo que el Gobierno se niega a poner sobre la mesa, así como una eventual derogatoria de la eliminación del subsidio al diésel, pues señala que ha focalizado ya la entrega de incentivos y compensaciones a los perjudicados por la medida.

Asimismo, la Conaie pide la liberación de 12 detenidos el 22 de septiembre, que fueron procesados por ‘terrorismo’ después de un ataque a un cuartel policial en la ciudad de Otavalo (Imbabura), donde se destruyeron las instalaciones y se quemaron diez vehículos policiales y particulares.

Rovira recordó que la situación de los detenidos no es competencia del Gobierno, por lo que «sería imposible que lo pongamos en una mesa de diálogo, porque sería tanto como meterle la mano a la justicia».

Por ello, insistió en que las puertas están abiertas al diálogo, pero con medidas y propuestas «claras y sensatas».

Ante la revelación de los sectores empresariales sobre pérdidas que superan los 70 millones de dólares por las protestas indígenas, la ministra insistió en que la posición del Gobierno es la apertura al diálogo.

«Nosotros no vamos a declinar posiciones en cuanto a permitir que se incendie el país. Vamos a ser muy firmes en eso: diálogo con todos los que quieran conversar, pero con aquellos que siguen sembrando el caos y el terror, seremos muy firmes», recalcó al recordar que hasta el este momento hay 111 detenidos. EFE

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