El negociador del PE pide condicionar el euro digital a que no haya alternativa privada
(Actualiza con reacción del BCE)
Bruselas, 31 oct (EFE).- El negociador jefe de la legislación sobre el euro digital en la Eurocámara, el eurodiputado español del Partido Popular Europeo (PPE) Fernando Navarrete, aboga por emitir un euro digital «en línea» solo si no se encuentra una solución de pagos paneuropea privada y apuesta por empezar con una versión «no conectada» de la moneda electrónica.
Así lo refleja el borrador del informe que ha elaborado de cara a fijar la posición del Parlamento para negociar después con los Estados miembros la legislación que regulará un futuro euro digital, un texto que aún debe ser debatido y aprobado en la comisión de Economía y el pleno de la Eurocámara para convertirse en oficial.
En el mismo, el eurodiputado del PPE distingue entre dos formas de euro digital. Por un lado, una versión no conectada («offline») que operaría mediante pagos entre dispositivos, sin basarse en cuentas, de modo que se almacenaría y transferiría localmente entre esos dispositivos y sería una forma de «efectivo digital».
Por otro, el euro digital en línea («online»), que se concibe como un sistema basado en cuentas que requiere de una infraestructura de liquidación operada por el BCE, según una declaración explicativa que acompaña al informe.
Las enmiendas propuestas por el negociador plantean establecer el euro digital no conectado, pero condicionan la versión en línea a «la ausencia de una solución de pago minorista soberana paneuropea privada», que la Comisión verificaría mediante un test de mercado una vez que el Banco Central Europeo (BCE) concluya su trabajo preparatorio sobre el euro digital sin conexión.
Esta condicionalidad aseguraría que el euro digital no actúa como un ecosistema de pagos paralelo que dificulte que las soluciones privadas alcancen escala paneuropea o que desaliente la innovación, señala.
El ponente incide en que la forma en línea del euro digital «conlleva riesgos de desintermediación bancaria, pérdida de depósitos, competencia directa con soluciones de pago privadas y, en última instancia, un impacto negativo en la capacidad de financiación de las empresas y los hogares europeos».
Y si bien señala que muchas transacciones en Europa dependen de proveedores no europeos de pagos, exponiendo al continente a riesgos tecnológicos y geopolíticos, apunta a que desde que la Comisión Europea presentó en 2023 propuestas para abordar esto con el euro digital, las iniciativas privadas han avanzado.
Este enfoque se desvía del planteado hasta ahora por el Banco Central Europeo, que trabaja desde 2021 en un proyecto que considera necesario precisamente para asegurar que Europa reduce su dependencia actual de proveedores extracomunitarios – como Mastercard o Visa – para los pagos electrónicos.
El proyecto ha ganado además impulso político ante el crecimiento de las llamadas «stablecoins», que han recibido apoyo decidido de la nueva Administración estadounidense y están casi en su totalidad denominadas en dólares.
De hecho, el BCE anunció ayer que si los legisladores europeos adoptan el reglamento sobre la instauración del euro digital en 2026, podría realizar un ejercicio piloto a mediados de 2027 y preparar la primera emisión para 2029.
El borrador del informe parlamentario sí recoge, entre otras medidas, el establecimiento de límites a la tenencia de euros digitales, considerado necesario para evitar potenciales fugas de depósitos desde cuentas bancarias tradicionales.
Está previsto que el texto se presente en la comisión de Economía del PE la próxima semana y que, tras los debates y posibles enmiendas por parte de los grupos políticos, se vote en mayo de 2026.
El BCE está «evaluando» el borrador y celebra su publicación puesto que representa «el primer paso necesario para que el Parlamento Europeo pueda definir su posición en los próximos meses» y ayudará así a cumplir la petición de los líderes europeos de concluir rápidamente el trabajo legislativo, según indicó un portavoz de la institución.
El BCE recordó que la posición final sobre la regulación vendrá determinada por el debate dentro del Parlamento Europeo y que está «listo para proporcionar asistencia técnica a los legisladores». EFE
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