El Parlamento brasileño protesta por decisión del Supremo sobre la destitución de jueces
Brasilia, 3 dic (EFE).- El Parlamento brasileño protestó este miércoles por la decisión de un miembro de la Corte Suprema, según la cual solo la Fiscalía General podrá pedir la destitución de jueces del alto tribunal, una potestad que hasta ahora le cabía a todo ciudadano, pero a través del Senado.
El senador Davi Alcolumbre, quien preside el Senado y también el propio Parlamento, dijo que las cámaras legislativas recibieron la decisión del magistrado Gilmar Mendes «indignados y perplejos» e instó al pleno del Supremo a revocar esa decisión cautelar.
Alcolumbre afirmó que la decisión de Mendes contradice «lo que está previsto en una ley de 1950, que le reserva a todo ciudadano el derecho de pedir un proceso de destitución» de autoridades, lo cual incluye a los once miembros del Supremo, pero debe hacerlo frente al Senado, que decide si se da curso.
Sobre ese punto, el magistrado, que se pronunció en respuesta a demandas del partido Solidaridad y de la Asociación de Magistrados Brasileños, sostuvo que esa posibilidad abre la puerta para denuncias políticas sin fundamento, por lo que en su decisión reservó ese derecho solo a la Fiscalía General.
Mendes también criticó otras normas actuales, como una que obliga a iniciar un proceso de destitución de un magistrado cuando sea respaldado por 21 senadores, un número que, en opinión del juez, pondría en riesgo la autonomía del Poder Judicial.
En ese marco, el juez propuso «un quorum de dos tercios» de los 81 senadores, que llevaría ese mínimo a 54, y señaló que eso sería suficiente para proteger «la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial».
La decisión cautelar dictada por Mendes será sometida al pleno de la Corte Suprema entre los días 12 y 19 de diciembre pero en una audiencia virtual, en la que los magistrados publican sus votos en el sistema informático del tribunal.
Según Alcolumbre, el dictamen deberá ser revocado por la corte, pues «solo una decisión legislativa sería capaz de revisar conceptos puramente legales, bajo pena de una grave ofensa constitucional a la separación de los poderes».
El presidente del Parlamento agregó que las cámaras legislativas «están amparadas por la voluntad del pueblo, que elige a cada uno de sus miembros», y constituyen «una instancia legítima de defensa de las garantías constitucionales».
Agregó que el Senado defenderá las «prerrogativas» que le reserva la ley y subrayó el «profundo respeto institucional» del Parlamento frente a las decisiones del Supremo, pero también demandó que «haya una reciprocidad efectiva» a la «legitimidad» de los legisladores.
La decisión cautelar que ha causado la polémica fue dictada en momentos en que el Senado acumula cerca de treinta pedidos de destitución de magistrados del Supremo, todos engavetados desde hace más de un año.
La enorme mayoría fue presentada por la extrema derecha y tienen como objetivo al juez Alexandre de Moraes, relator del proceso que llevó a la condena a 27 años de cárcel dictada por el Supremo contra el expresidente Jair Bolsonaro, por intento de golpe de Estado. EFE
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