El Parlamento de Ecuador aprueba la ley minera cuestionada por las comunidades indígenas
Quito, 26 feb (EFE).- El pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador ha aprobado este jueves el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para optimizar la gestión pública y privada en minería y energía eléctrica, cuestionada por los movimientos indígenas que temen afectaciones medioambientales y al agua.
La ley se ha aprobado con el voto de 77 legisladores tras una serie de exposiciones en las que se ha argumentado la importancia de cuidar el medioambiente, de regular la minería, y de los peligros que representa la minería ilegal para la economía y la sociedad.
La iniciativa busca fortalecer el desempeño operativo en los sectores minero y de energía mediante una regulación eficiente que promueva la generación de ingresos fiscales y divisas, y contribuya a la sostenibilidad fiscal y a la estabilidad macroeconómica del Estado.
Previo al debate, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, ha afirmado que la Asamblea decidiría entre «el agua y el extractivismo».
Para la Conaie, la ley «va en contra de la consulta previa y flexibiliza controles ambientales en favor de grandes empresas», pues considera que la normativa «reemplaza licencias ambientales por autorizaciones simples», permite concesiones de hasta 30 años y habilita la militarización de territorios.
Además, advierte que esto incrementaría el riesgo medioambiental, por lo que ha exigido archivar el proyecto, que finalmente ha sido aprobado en la sesión en la que legisladores del opositor movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), señalan que la ley no fortalece al Estado, sino que presuntamente lo deja vulnerable ante intereses extranjeros.
«Ambiente y empleo al mismo tiempo. No es elegir entre trabajo y naturaleza. Esta ley permite inversión con control ambiental y respeto a consultas populares», ha dicho el asambleísta oficialista Alejandro Lara, quien ha apuntado que lo que «destruye territorios es la ilegalidad, no la inversión responsable».
El informe aprobado indica que en materia minera, se reforman varios artículos de la Ley de Minería para reforzar la rectoría del Estado, precisar competencias institucionales y regular los actos administrativos previos a la actividad minera.
Entre otros, además, actualizar el régimen de patentes de conservación y etapas de exploración y explotación, e incorporar un nuevo capítulo sobre fomento y promoción de la inversión, grupos mineros y áreas con protección de seguridad estratégica.
Por otra parte, en el ámbito energético, el documento incorpora cambios a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para modernizar conceptos como generación distribuida, autoabastecimiento y distritos autónomos energéticos, y establecer reglas claras para la participación excepcional de empresas privadas, estatales extranjeras y de la economía popular y solidaria, entre otros temas. EFE
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