El Parlamento Europeo, dividido sobre la ilegalización de la gestación subrogada

Bruselas, 14 jun (EFE).- Los eurodiputados del Parlamento Europeo se mostraron este miércoles divididos sobre la ilegalización de la gestación subrogada, en un debate impulsado por el grupo de extrema derecha ECR, al que pertenece VOX, que trató de centrar su discurso en la preservación de la familia tradicional.

La decisión sobre ilegalizar la gestación subrogada es competencia estatal, aseguró el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y recordó que ningún Estado miembro de la Unión Europea (UE) ha regulado esta práctica con propósitos comerciales.

La mayoría de los diputados españoles de la Eurocámara se mostraron de acuerdo en que la gestación subrogada es una práctica que cosifica el cuerpo de la mujer y que afecta, sobre todo, a las mujeres en situación vulnerable.

La gestación subrogada «invisibiliza y explota» a las mujeres que se someten a ella, «especialmente si son vulnerables», remarcó la eurodiputada de Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop.

Sobre este asunto, sin embargo, se mostró en desacuerdo el eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez, que denunció que los grupos políticos que asocian la gestación subrogada a la explotación y al tráfico de personas «insultan a miles de menores y familias» y lo utilizan como argumento para manipular y ocultar su «radicalismo moral».

Asimismo, consideró que la gestación subrogada «altruista y garantista» es, para muchas familias, «la única manera de formar una familia».

«Un hecho que como sociedad y, ante el invierno demográfico al que nos enfrentamos como continente, deberíamos siempre apoyar, impulsar y celebrar», defendió Vázquez.

Oponiéndose a este argumento, la eurodiputada de Vox, Margarita de la Pisa, denunció la «mercantilización de las relaciones» y la «cosificación de las personas» y alertó de que la tecnología ha dado pie a ciertas prácticas en materia reproductiva «sin la oportuna reflexión».

Sus argumentos se basaron en la protección de los vínculos «que unen de forma natural a padre e hijos».

«Siempre se han buscado herramientas jurídicas que defiendan el derecho del niño a conocer y ser cuidado por sus padres para evitar el riesgo de que a una madre puedan arrebatarle a su bebé, pero todo está en riesgo hoy», subrayó.

Esta defensa de la familia tradicional fue duramente criticada por el eurodiputado socialista, Juan Fernando López Aguilar, que aseguró que la propuesta italiana del Gobierno liderado por Georgia Meloni -y cuyo partido se enmarca dentro del grupo ECR en la Eurocámara- se acompaña de un «señalamiento» de las familias del mismo sexo.

«La propuesta en Italia de Georgia Meloni se acompaña de un señalamiento de las familias de personas del mismo sexo pretendiendo que esa fuera la única situación causal de la gestación subrogada. No solamente es falso, sino que también es contrario al derecho europeo», dijo.

López Aguilar defendió la prohibición española de la gestación subrogada, gracias a la que, explicó, no considera válido cualquier contrato que pretenda comercializar «esa transacción» que «abusa» de personas vulnerables «normalmente en una situación insoportable de desigualdad económica».

De hecho, Rodríguez Palop (Podemos), recordó que esta práctica, a la que calificó como «niños a la carta», permite que en muchos países bajo el denominado «servicio de gestación» las mujeres gestantes deban garantizar el éxito del «producto resultante», sometiéndose a una alimentación o estilo de vida adecuado.

«En algunos países se puede incluso obligar a la madre gestante a abortar o no abortar en ciertos casos», afirmó.

Ningún diputado popular español participó en el debate, pero su grupo, el Partido Popular Europeo, denunció que la mujer «ponga a la venta su cuerpo para superar su pobreza» y que se permita que su cuerpo sea «simplemente un instrumento de gestación».

Por ello, apeló a la Comisión Europea a que intervenga cuando «la gestación por sustitución se convierta en un instrumento para explotar mujeres» y para luchar contra todas las formas de explotación, sin necesidad de «inmiscuirse en las competencias nacionales». EFE

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