El Supremo de Brasil ordena al Congreso destituir a una diputada bolsonarista condenada
Brasilia, 12 dic (EFE).- La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil, por unanimidad, ordenó este viernes a la Cámara baja acatar una decisión judicial y destituir a una diputada alineada en la extrema derecha del expresidente Jair Bolsonaro, condenada a prisión y presa en Italia, que analiza su extradición.
La decisión se refiere a la situación jurídica de Carla Zambelli, diputada que huyó del país en junio pasado tras haber sido condenada a diez años de cárcel por haber encomendado un ataque informático a los sistemas del Poder Judicial en pleno proceso para las elecciones de 2022, en las que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, derrotó a Bolsonaro.
El líder de la extrema derecha tramó luego una conspiración para intentar impedir la investidura de Lula, lo que le llevó a un juicio en que fue condenado a 27 años de cárcel.
Zambelli fue detenida un mes después de salir de Brasil en Roma, y la Justicia italiana analiza desde entonces su extradición, que ha sido pedida formalmente por las autoridades brasileñas.
El pasado miércoles, la Cámara de Diputados se pronunció contra la pérdida del escaño de Zambelli, contemplada en las leyes para aquellos legisladores condenados e incluida en la sentencia dictada a mediados de este año, antes de su fuga, que suspendió todos sus derechos políticos.
Frente a esa posición de la Cámara baja, que fue adoptada con el voto de 227 diputados, todos de los sectores de derecha y centro que dominan el Parlamento, el juez Alexandre de Moraes, relator del proceso, determinó que la sentencia dictada por la corte se cumpla.
Su decisión fue sometida este viernes al pleno de la Primera Sala del Supremo, que la respaldó en forma unánime e instó a la Cámara de Diputados a acatar las órdenes judiciales.
El presidente de la Cámara baja, el centrista Hugo Motta, no se pronunció de inmediato sobre el asunto, que suma a una larga lista de conflictos entre los poderes Legislativo y Judicial en Brasil.
El último fue causado por una decisión del decano del Supremo, Gilmar Mendes, quien modificó unos párrafos de la Constitución que le otorgaban a todo ciudadano el derecho de solicitar la destitución de un miembro del más alto tribunal y se lo traspasaba a la Fiscalía General.
Tras una firme protesta del Senado, responsable por los trámites de destitución de autoridades de los tres poderes del Estado, Mendes volvió atrás y revocó su decisión, que había sido tildada por muchos legisladores de «autoritaria» e «intervencionista».
También este viernes, por orden del Supremo, la Policía Federal registró las oficinas de una antigua asesora de la Presidencia de la Cámara de Diputados, en el marco de una operación sobre presuntos desvíos de dinero público en el Parlamento. EFE
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