El TGUE reduce en unos 140 millones de euros una multa a Intel por restringir competencia
Bruselas, 10 dic (EFE).- El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) redujo este miércoles en unos 140 millones de euros una multa de 376,3 millones impuesta al fabricante de microprocesadores Intel en 2023 por restricciones a la libre competencia, una sanción que se quedará finalmente en 237,1 millones de euros.
El asunto se enmarca en el litigio continuado que enfrenta a la compañía estadounidense con la Comisión Europea, que inicialmente le multó en 2009 con 1.060 millones de euros por abuso de posición dominante con el objetivo de expulsar a su competidor AMD del mercado de los microprocesadores x86.
Fue durante diez años la sanción más alta establecida por Bruselas a una empresa, pero finalmente fue anulada en 2024 por el Tribunal de Justicia de la Unión, confirmando un fallo precedente del Tribunal General.
No obstante, en 2023 la Comisión adoptó una nueva decisión que se limitaba a las prácticas no anuladas por el Tribunal General, concretamente las denominadas restricciones “manifiestas” impuestas a HP, Acer y Lenovo en cuanto al uso de procesadores AMD.
De este modo, la Comisión fijó un nuevo importe de la multa a Intel de 376,3 millones de euros, que hoy el Tribunal General ha decidido rebajar en unos 140 millones, hasta los 237,1 millones.
Intel solicitaba la anulación total o parcial de esa decisión y la supresión o la reducción de la multa, mientras que la Comisión pedía que se desestimase el recurso.
El Tribunal General consideró que la Comisión seguía siendo competente para sancionar las restricciones “manifiestas” impuestas a determinados fabricantes de ordenadores, en particular Acer y Lenovo.
Al haber confirmado ya definitivamente los tribunales de la Unión la existencia de esas restricciones anticompetitivas, la Comisión no estaba obligada a volver a demostrar su competencia ni a redefinir una nueva infracción.
Solo tenía que ejecutar las sentencias anteriores recalculando la multa sobre la base de los únicos comportamientos que seguían siendo cuestionados, explicó la corte, con sede en Luxemburgo.
El Tribunal General también desestimó las alegaciones de Intel sobre que la motivación de la decisión de 2023 era insuficiente, de que se le debió enviar un nuevo pliego de cargos y de que se vulneró su derecho de defensa.
Señaló que la decisión de la Comisión se enmarca en un contexto procedimental perfectamente conocido por la empresa, y que dicha decisión explica con claridad el método de cálculo de la multa y las razones por las que se basa en las “restricciones manifiestas”.
En cuanto al importe de la multa, el tribunal consideró que la Comisión aplicó correctamente los criterios de gravedad y de duración de la infracción, teniendo en cuenta el carácter explícitamente anticompetitivo de las “restricciones manifiestas” y la posición dominante de Intel en el mercado de referencia, así como el hecho de que esas prácticas formaban parte de una estrategia global para expulsar a AMD.
No obstante, pese a no cuestionar la legalidad de la decisión de 2023, el Tribunal General estimó que procede afinar la apreciación del importe de la multa otorgando mayor peso, por una parte, al número relativamente limitado de ordenadores afectados por las citadas restricciones y, por otra parte, al intervalo de doce meses entre algunas de las prácticas contrarias a la competencia.
De ese modo, consideró que una cuantía de 237,1 millones de euros “refleja más adecuadamente la gravedad y la duración de la infracción”. EFE
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