España pide respetar el marco institucional del TEDH ante las críticas por la inmigración
París, 10 dic (EFE).- La secretaria de Estado española de Migraciones, Pilar Cancela, pidió este miércoles respeto para el marco institucional del Tribunal de Estrasburgo y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) ante los países que se quejan de que no les permite una acción efectiva contra la inmigración irregular.
Cancela, que participó en la reunión ministerial organizada en Estrasburgo por el Consejo de Europa ante las protestas que vienen manifestando en los últimos meses varios países miembros, insistió en que, aunque se puede no estar de acuerdo, «no se pueden cuestionar» las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Además, en relación con los ataques dirigidos por algunos gobiernos contra el TEDH, hizo hincapié en que hay que mantener «una separación de poderes».
A su juicio, no hay argumentos para esos ataques y en cualquier caso afirmó que una modificación del CEDH «no está en absoluto encima de la mesa».
Lamentó que, en un momento en que Europa es objeto de ataques por parte de la Administración de Donald Trump, «no podemos dinamitar desde dentro nuestras propias bases».
El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, convocó esta conferencia para intentar canalizar el descontento interno de una parte de los países miembros, que ha abierto una fractura desde que en mayo nueve de ellos (Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia y República Checa) reclamaran una discusión sobre inmigración.
En concreto, querían que se examinara si el TEDH «en ciertos casos ha llevado el CEDH demasiado lejos respecto a las intenciones originales» y eso dificultaba la efectividad de sus políticas para hacer frente a la inmigración irregular.
Este miércoles, hasta 27 de los 46 miembros del Consejo de Europa han firmado una declaración en línea con esa posición, que ha estado liderando en particular la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien se ha fijado como objetivo externalizar una parte del control de las llegadas de migrantes.
La secretaria de Estado española se desmarcó tajantemente de ese tipo de iniciativas y señaló que les «parece tremendamente peligroso» para los derechos humanos.
Insistió en señalar que la aportación de la inmigración «no es un problema» sino que, al contrario, «es una enorme oportunidad que tenemos que aprovechar», como ya ha quedado en evidencia en los últimos años en España, donde los migrantes han contribuido en una parte importante al incremento de la población activa y de la actividad económica.
Al término de la reunión informal de hoy todos los países del Consejo de Europa acordaron ponerse a trabajar en una declaración política sobre los retos de «la migración irregular» y de los extranjeros condenados por delitos graves, que se espera que se pueda aprobar en mayo del año próximo.
Según los términos consensuados, esa declaración deberá reafirmar «la obligación de garantizar el disfrute efectivo de los derechos y libertades garantizados por la Convención a todas las personas que se encuentren bajo la jurisdicción de los Estados miembros».
Pero también tener en cuenta el «contexto contemporáneo» de los movimientos migratorios y la «responsabilidad» de los Gobiernos respecto a intereses vitales como la «seguridad pública». EFE
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