Exjefe militar hondureño acusado de homicidio bajo el golpe de Estado volverá a la cárcel

Tegucigalpa, 3 mar (EFE).- La Corte de Apelaciones de lo Penal revocó este lunes el arresto domiciliario otorgado al exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras Romeo Vásquez y otros dos militares, acusados por homicidio durante el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el entonces presidente, Manuel Zelaya.

Vásquez, el exsubjefe de la institución castrense Venancio Cervantes y el excomandante del Comando de Operaciones Especiales Carlos Roberto Puerto, deberán regresar a la Penitenciaría Nacional, cercana a Tegucigalpa, donde ya habían estado recluidos una semana hasta el 12 de enero, cuando un juzgado ordenó el arresto domiciliario.

La Corte de Apelaciones de lo Penal, por unanimidad, declaró «ha lugar» los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público (Fiscalía) y la acusación privada contra los tres generales retirados, informó el Tribunal Supremo en un mensaje publicado en X.

La resolución indica que el Juez de Primera Instancia debe «reformar la resolución apelada dictando auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva» contra Vásquez, Cervantes y Puerto.

La defensa de Vásquez anunció que presentará un recurso de amparo contra la decisión de la Corte de Apelaciones de lo Penal.

Los tres generales fueron detenidos el pasado 5 de enero, acusados de «homicidio en perjuicio de Isis Obed Murillo y homicidio en su grado de ejecución de tentativa Alex Roberto Zavala», ambos seguidores de Zelaya, quien es esposo y asesor de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

Murillo falleció el 5 de julio de 2009, tras recibir un disparo en la cabeza durante una manifestación mientras Manuel Zelaya intentaba retornar al país por vía aérea, lo que le impidieron las Fuerzas Armadas cruzando camiones en la pista del Aeropuerto Internacional de Toncontín, de la capital hondureña.

Por su parte, Zavala sufrió «graves lesiones» a causa de disparos realizados por soldados hondureños, según la Fiscalía.

Las investigaciones han determinado que las acciones de los militares fueron «brutalmente desproporcionadas, ya que dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre (M-16) contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente».

Manuel Zelaya fue derrocado cuando promovía una consulta popular llamada «Cuarta urna», orientada a reformas constitucionales, desoyendo las advertencias del Parlamento, del Tribunal Supremo Electoral, de la Procuraduría General, del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia, quienes consideraban que la convocatoria a dicha votación era ilegal. EFE

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