Fiscalía expuso apoyo del fujimorismo a exjuez que huyó de Perú a España

Lima, 3 mar (EFE).- La Fiscalía de Perú expuso ante el Poder Judicial argumentos que evidenciarían el presunto apoyo en el Congreso al ex juex supremo César Hinostroza, actualmente a la espera de su extradición desde España, que «planificó» el partido Fuerza Popular (FP), que lidera Keiko Fujimori.

Hinostroza, quien está acusado de liderar en Perú una presunta organización criminal enquistada en el Poder Judicial, llegó a España en 2018, tras destaparse el caso de corrupción y huir del país por Ecuador.

El Ministerio Público informó este jueves de que los «elementos de convicción» fueron detallados por la fiscal adjunta Paulina Roque, quien incluyó un testimonio del exlegislador fujimorista Rolando Reátegui.

Ese testimonio se refiere a un encuentro entre Fujimori, el fujimorista Miguel Torres e Hinostroza, supuestamente «para que la bancada de FP defienda al exmagistrado ante el Congreso».

Aunque la Audiencia Nacional de España avaló el febrero pasado su extradición a Perú, el exjuez supremo ha recurrido su entrega al insistir en que el Estado peruano le persigue «por motivos políticos» y no hay ninguna garantía de que sea sometido a un «proceso justo» en su país.

Durante la presentación de los «argumentos de convicción», la Fiscalía también atribuyó a Fujimori la «autoría mediata» (con dominio del hecho) del delito de obstrucción a la justicia, por presuntamente haber dispuesto que se induzca a testigos para que den falsos testimonios que permitan justificar los «activos ilícitos» que empresas privadas otorgaron a sus campañas de 2011 y 2016.

Roque sustentó que Fujimori, como presunta líder de una presunta organización criminal, ordenó a los empresarios Vicente Silva Checa y Jaime Yoshiyama a recurrir a un estudio jurídico de Lima para recibir asesoría para los testigos.

El fiscal anticorrupción a cargo de este caso, José Domingo Pérez, ya expuso a fines de febrero pasado ante el Poder Judicial «la actividad obstruccionista de la presunta organización criminal» liderada por Fujimori.

Pérez sostuvo que en el allanamiento a la vivienda de Silva Checa se encontraron documentos «que revelan la estrategia» que Fujimori y su partido planeaban aplicar ante la Fiscalía para «desvincular» a la excandidata y a la cúpula de su partido «con la captación de activos de origen ilícito».

El fiscal también consideró que el Poder Judicial debería adelantar el inicio del juicio oral por este caso para evitar que el Congreso modifique las normas legales con el presunto objetivo de favorecer a líderes políticos investigados por crimen organizado y delitos de corrupción.

Alertó que la Comisión de Justicia del Congreso ya aprobó un proyecto que modifica la Ley de colaboración eficaz, que otorga beneficios a los colaboradores de la Justicia.

El fiscal agregó que las autoridades judiciales peruanas afrontan «un caso de criminalidad organizada» y que la «etapa intermedia» de control de acusación «está demandado más del plazo razonable», ya que está a punto de cumplir un año.

La Fiscalía de Perú imputa a Fujimori y a otros personajes vinculados con FP la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo, a causa del supuesto manejo ilícito de fondos en sus campañas de 2011 y 2016.

A fin de noviembre pasado, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundados los recursos interpuestos por las defensas de Fujimori y otros implicados en este caso, que también incluye a su esposo, Mark Vito, y a varios de sus colaboradores más cercanos, así como a su propio partido político, Fuerza Popular.

En ese sentido, se mantuvo la acusación fiscal que pide 30 años de cárcel para la excandidata, aunque la actual «etapa intermedia» del proceso puede demorar años, ya que el juez debe revisar todos los argumentos de la investigación. EFE

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