Fiscalía gala pide multas de hasta 400.000 euros a empresas que enviaban residuos a España
París, 27 feb (EFE).- La Fiscalía de Burdeos (suroeste de Francia) pidió este viernes multas de hasta 400.000 euros para tres empresas de la región acusadas, junto a seis de sus directivos, de haber exportado ilegalmente residuos a España para ahorrarse las tasas francesas y enterrarlos en vertederos sin declarar su naturaleza.
En concreto, la acusación pública solicitó 400.000 euros de sanción para Greenrecup, la multa más abultada; de 200.000 euros para Azura y de 250.000 para 3VR, según indicaron a EFE fuentes de la organización ecologista France Nature Environnement (FNE), que se constituyó en acusación particular.
La Fiscalía solicitó igualmente otras sanciones para los acusados, como el cierre durante un año de los centros donde se recuperaban los residuos para enviarlos a España, la prohibición de ejercer actividad en el sector de los residuos por hasta tres años y el veto a participar en licitaciones públicas o recibir subvenciones durante cinco años.
Tras las dos jornadas que ha durado el juicio en Burdeos, el caso quedó visto para sentencia para el próximo 1 de junio.
En esta causa, a los acusados se los juzgó por presuntamente enviar residuos a España sin notificación previa a las autoridades del país, y sin obtener el consentimiento correspondiente, así como por gestionar residuos de forma irregular, por utilización de documentos falsos y por exportar en contrabando mercancías peligrosas para la salud.
Según explicó a EFE una responsable de la FNE, la empresa navarra Iruservi, que no está encausada en Francia, era la que se encargaba en España de gestionar buena parte de los cargamentos que entraban de forma irregular.
La red de fraude fue desmantelada en noviembre de 2022 con una operación de las fuerzas del orden francesas y españolas, bautizada Blanzar, por la contracción de los nombres de la localidad de Blanquefort (a las afueras de Burdeos), donde está el centro de selección de Greenrecup y de Zaragoza, el principal destino final.
Los investigadores franceses constataron que había un tránsito irregular de residuos en dirección a España que no abonaba el Impuesto General sobre las Actividades Contaminantes (TGAP), obligatorio en Francia.
Se ha calculado que se dejaron de pagar cerca de 300.000 euros de TGAP a la Administración francesa, pero a eso hay que añadir un ahorro en los costos que hubiera entrañado la gestión de los residuos en Francia.
Esos costos pueden ser hasta más de cuatro veces inferiores en España y, enviando los residuos al otro lado de la frontera, las empresas francesas podían disponer del espacio que no ocupaban en sus vertederos.
Una ventaja adicional, según la FNE, es que en España hay menos controles sobre la naturaleza de los residuos que se entierran.
En este país, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) lograron identificar en noviembre de 2022 a tres hombres de Pamplona, Madrid y Zaragoza, que fueron acusados de transportar hasta 6.000 toneladas de desechos procedentes de Francia para hacerlos desaparecer en un vertedero de Zaragoza sin autorización.
Una vez que la mercancía se encontraba en España, se falsificaba su documentación y se convertía en un residuo de eliminación. EFE
ac-ngp/icn
