Fiscalía de Perú crea oficinas para investigar tráfico de bienes culturales
Lima, 25 mar (EFE).- El Ministerio Público (Fiscalía) de Perú creó las primeras oficinas exclusivas para investigar los delitos de tráfico de bienes culturales con el fin de combatir el comercio ilegal del patrimonio cultural y paleontológico del país, informó el Ministerio de Cultura este viernes.
En vista a los permanentes operativos que realiza el Estado peruano contra las mafias que extraen patrimonio cultural del país para comercializarlo, el Ministerio de Cultura planteó a la Fiscalía la creación de despachos fiscales para acelerar la presentación de denuncias y la persecución de este delito, detalló esa cartera del Gobierno en un comunicado.
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, confirmó la designación de los despachos en el marco del «Taller Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales», una iniciativa del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (Pacto) de la Unión Europea (UE).
En la última década, Perú ha repatriado casi 17.000 objetos patrimoniales, tanto por la vía judicial como diplomática, en el marco de la convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
El ministro de Cultura, Alejandro Salas, felicitó la designación de las oficinas fiscales, que tendrán a su cargo la investigación de todos aquellos ilícitos que atenten contra el patrimonio cultural de los peruanos, agregó la información.
En esas dependencias, también se investigarán otros delitos contra el patrimonio cultural y paleontológico, en tanto que los fiscales tendrán a su cargo «elaborar una propuesta rápida de prevención y persecución ante este tipo de ilícitos», añadió la fuente.
Para llegar a esa propuesta, los fiscales a cargo deberán analizar la legislación peruana vigente e identificar buenas prácticas y mecanismos técnicos para optimizar la capacidad de respuesta.
El tráfico de bienes culturales es transnacional y se desarrolla a través de redes de criminalidad organizada que participan en las diferentes etapas del tráfico, lo que lo convierte en un delito complejo que atenta contra la historia y el legado cultural de las comunidades y los países. EFE
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