Fondo canadiense Brookfield liquida Rutas de Lima y acusa a Estado peruano de expropiación

Lima, 1 oct (EFE).- El fondo canadiense Brookfield anunció este miércoles la liquidación de la concesionaria Rutas de Lima al denunciar que medidas «arbitrarias y abusivas» del Estado peruano derivaron en la «expropiación» de su inversión y en pérdidas millonarias, a raíz de los pagos irregulares efectuados por Odebrecht para presuntamente hacerse en un inicio con la concesión.

Brookfield, que en 2016 compró a Odebrecht la concesionaria de tres arterias viales de Lima, señaló en un comunicado que «la serie de injustas y arbitrarias medidas del Estado peruano ha destruido la viabilidad financiera de Rutas de Lima», al punto de que «la pérdida de valor de la misma es de tal magnitud que el patrimonio de la empresa se ha vuelto negativo», tras haber invertido 3.300 millones de soles (unos 951 millones de dólares).

Los cobros de peajes, especialmente en el sector norte de la zona de Chillón, generaron fuertes protestas contra el precio dispuesto, al tratarse prácticamente de la única alternativa para poder entrar y salir de la ciudad.

Por ese motivo, el Tribunal Constitucional suspendió el cobro de peajes en la zona norte, lo que supuso a la empresa «perder más del 50 % de sus ingresos», a lo que sumó otra sentencia similar que suspendió el cobro de peajes en la zona sur y aumentó las pérdidas de la compañía al 60 % de los ingresos.

Expulsados de autopista

Luego se dio «la toma indebida del tramo (pendiente de construir) de Ramiro Prialé que ha impedido que la empresa pueda construir y operar este tramo, pese a los más de 500 millones de soles (unos 144 millones de dólares) de Rutas de Lima invertidos».

Y es que el actual alcalde de Lima, el ultraconservador Rafael López Aliaga, llegó al consistorio limeño en 2023 con la promesa electoral de eliminar los peajes y exigir la salida de la empresa al responsabilizarla de las irregularidades presuntamente cometidas por Odebrecht para lograr esta concesión y sus posteriores adendas con la administración de la izquierdista Susana Villarán (2011-2014).

Brookfield lamentó que «la continua campaña de hostigamiento y difamación impulsada por el alcalde de Lima y otras autoridades que ha incluido, entre otras acciones, ataques sistemáticos en la prensa y redes sociales».

Así, López Aliaga hizo que la Municipalidad de Lima haya asumido la finalización de la autopista Ramiro Prialé, que se encuentra en etapas finales de su construcción.

«Inacción» de autoridades estatales

El fondo de inversión también recriminó a las autoridades peruanas «el repudio expreso de laudos arbitrales internacionales, los cuales han sido confirmados por la justifica federal de los Estados Unidos, por un valor de 700 millones de soles (unos 200 millones de dólares).

Asimismo, recordó las «decenas de procesos de habeas corpus, solicitudes de medidas cautelares y acciones penales promovidos por autoridades estatales que han buscado perjudicar la concesión y cancelar sus ingresos», así como «las penalizaciones exorbitantes y procesos internacionales contra la empresa y sus accionistas».

«La disolución de Rutas de Lima es consecuencia directa de las acciones del Estado peruano, que han destruido el valor de nuestro activo sin consideración alguna por la seguridad jurídica, demostrando que este no respeta sus compromisos y desconoce las normas aplicables», señaló el jefe global de operaciones de Brookfield, Ben Vaughan.

«Perú asegura que busca atraer la inversión extranjera, pero el trato que ha otorgado a Brookfield envía el mensaje contrario», agregó Vaughan.

Arbitraje internacional abierto

Brookfield demandó a Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial para exigir el pago de más de 2.700 millones de dólares por considerar que se ha afectado su inversión.

La adquisición de Rutas de Lima por parte de Brookfield se produjo a mediados de 2016, cuando todavía no se conocía el escándalo de corrupción de Odebrecht, pues fue a finales de ese año cuando saltó a la luz la gigantesca trama de sobornos y financiamiento irregular de campañas electorales realizado por la constructora brasileña a cambio de contratos de obra pública en diversos países de Latinoamérica. EFE

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