Francia cree que 10 años después el Acuerdo de París funciona y que su objetivo es posible
París, 12 dic (EFE).- Francia, donde hace justo 10 años se firmó el Acuerdo de París que pretende limitar el calentamiento global, considera que este gran tratado internacional vinculante sobre el cambio climático ha funcionado durante este tiempo y pese a ciertas evoluciones preocupantes su objetivo sigue estando al alcance.
«El Acuerdo de París ha funcionado», subrayan fuentes del Elíseo, amparándose en la posición de los miembros del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés) a los que el presidente francés, Emmanuel Macron, recibió la semana pasada.
Las fuentes hacen hincapié en que esos expertos calculan que la trayectoria actual conduciría a un calentamiento global de 2,3 o 2,4 grados respecto al periodo preindustrial, y eso es un avance si se compara con la trayectoria de 3 grados si no se hubieran puesto en marcha las políticas asentadas en el Acuerdo de París.
Ahora -añaden- hay que seguir trabajando para la meta de 1,5 grados que se fijó hace diez años y «está a nuestro alcance».
La principal conmemoración del día del aniversario de la adopción del Acuerdo de París corre a cargo de la ministra de la Transición Ecológica, de la Biodiversidad y de las Negociaciones Internacionales sobre el Clima, Monique Barbut, que reúne este viernes a diversas personalidades implicadas.
Entre ellas estará el que en diciembre de 2015 presidía aquella COP21 como ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, y que el 12 de aquel mes pudo dar por cerrada la conferencia con el compromiso de 196 países, y que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016.
Para limitar el calentamiento «a muy por debajo de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrados», los firmantes se comprometían a alcanzar el techo de emisiones de gases de efecto invernadero «lo antes posible» con la idea de una estabilización del clima para mediados de siglo.
Desde su adopción hace diez años, el Acuerdo de París ha sufrido diferentes sacudidas y este año el gran revés llegó el 20 de enero cuando, menos de 24 horas después de instalarse en la Casa Blanca para su segundo mandato, Donald Trump retiró a su país como ya lo había hecho en 2017 durante el primero.
El presidente estadounidense lo justificó esta vez para cumplir su promesa electoral de relanzar al máximo la exploración de nuevos pozos de petróleo y de gas en aras de la competitividad sobre todo frente a una China a la que acusó de contaminar «con total impunidad» y de utilizar «mucha energía sucia».
Eso supuso un cambio de gran magnitud respecto a su antecesor, Joe Biden, para el país que es el segundo mayor emisor de CO2, después de China, que como gesto de abandono del multilateralismo ha pesado en la actitud de otros.
Por ejemplo en la Unión Europea (UE), donde en los últimos meses se han hecho evidentes los signos de ralentización de la acción climática del bloque que ha sido desde mucho antes del Acuerdo de París la punta de lanza contra el calentamiento global.
El Pacto Verde presentado en 2019 por la presidenta de la Comisión Europea como «la nueva estrategia de crecimiento» que debía permitir reducir las emisiones y al mismo tiempo crear empleos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de los Veintisiete ha dejado de estar en primera línea de las prioridades de Ursula von der Leyen en su segundo mandato.
Algunos textos del Pacto Verde han sido ya objeto de medidas para flexibilizar su aplicación o para aplazarlas y otros están siendo objeto de revisión.
El más significativo es el debate que se está llevando a cabo para modificar la prohibición programada de venta de coches nuevos con motores de combustión a partir de 2035, que de la mano de la industria automovilística y de Alemania cada vez tiene más apoyos.
La que era embajadora francesa en las negociaciones climáticas en diciembre de 2015, Laurence Tubiana, y que se considera una de sus grandes artífices, promueve la idea de dar un cambio a la gobernanza que se fijó entonces para implicar a las autoridades locales, a los ciudadanos y a las empresas con la creación de «una especie de mecanismo de rendición de cuentas». EFE
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