Ginebra, pieza clave en el camino de Siria hacia la justicia
Las desapariciones forzadas fueron una de las señas de identidad del régimen de Assad en Siria. Ante este legado, surgen interrogantes clave: ¿qué perspectivas hay para la justicia y hasta qué punto pueden las instituciones de la ONU en Ginebra contribuir a alcanzarla?
Durante más de una década, Radwan Abdellatif no supo nada sobre el destino de su hermano. Samer Abdellatif fue visto con vida por última vez en 2012, cuando las protestas populares que desafiaban el férreo control del entonces presidente Bashar al Assad estaban en pleno apogeo en Siria.
Samer fue localizado por otro recluso en Sednaya, un complejo penitenciario al norte de Damasco tristemente célebre por la tortura, la muerte y las desapariciones.
«El caso de los detenidos desaparecidos ha caído en el olvido», afirma Abdellatif mientras prepara su maleta para hacer otro viaje a Siria.
Mientras la población siria conmemora el 15º aniversario del levantamiento de 2011, las demandas de justicia han pasado de ser consignas de protesta a empezar a formar parte de la política de Estado. El nuevo liderazgo en Damasco, surgido de movimientos insurgentes, ha heredado tribunales debilitados y afronta la difícil tarea de reconstruir unas fuerzas de seguridad profundamente desacreditadas. En este contexto, los esfuerzos en Ginebra —sede de varios organismos de la ONU vinculados a Siria— se centran en cómo el apoyo internacional puede acompañar un proceso que las nuevas autoridades no pueden llevar a cabo por sí solas. Las desapariciones forzadas fueron una característica definitoria del régimen de Assad, que comenzó con Hafez al Assad en 1970 y continuó con su hijo Bashar al Assad. Durante más de cinco décadas, decenas de miles de personas desaparecieron en centros de inteligencia y prisiones, dejando a sus familias en una incertidumbre permanente.
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Cuando estallaron las protestas en 2011, las demandas de dignidad y reformas iban de la mano de la exigencia de conocer el paradero de los desaparecidos y de liberar a los presos políticos. La negativa del régimen a hacerlo, junto con la escalada de detenciones y violencia, desencadenó la revuelta y empujó al país hacia la guerra civil.
La búsqueda de un hermano desaparecido en Siria
Abdellatif ha viajado en tres ocasiones desde Japón, donde vive desde hace más de una década, hasta Siria en busca de su hermano, desde que Assad sufrió una inesperada derrota militar y huyó a Rusia en diciembre de 2024.
En su primera visita, ese mismo mes en que cayó el dictador, se encontraba entre miles de personas que recorrieron celdas subterráneas y salas de tortura de Sednaya en busca de algún rastro de su hermano. Los registros medio quemados y arrugados que encontró no aportaban nada, ni prueba de ingreso o salida, ni certificado de defunción.
En su interior, Abdellatif sabía que su búsqueda de la verdad terminaría confirmando la muerte. Samer desapareció forzosamente el 5 de mayo de 2012 en Palmira, una ciudad de gran valor arqueológico en la región central de Homs. Unos 20 miembros armados de las fuerzas de seguridad irrumpieron en la casa familiar durante el momento de la oración, tras una denuncia de un informante que aseguraba que había participado en manifestaciones contra el gobierno en esa ciudad.
Un antiguo detenido de Sednaya en Damasco que contactó con Abdellatif a finales de 2012 confirmó que Samer, de 32 años, seguía con vida en ese momento. Se reunieron para tomar un café. Según relató, Samer también había pasado por la infame Sección Palestina —un centro de detención e interrogatorio de los servicios de inteligencia sirios en Damasco que no tienen relación con el territorio palestino como tal—. Nunca se proporcionó confirmación oficial sobre su paradero por parte de las autoridades sirias.
Abdellatif visitó Sednaya en dos ocasiones, primero a finales de diciembre de 2024 y luego en junio de 2025. Se mostró decepcionado al no encontrar registros de los años en cuestión. Los pocos documentos que logró ver databan de 2016 en adelante. Según su testimonio, los manifestantes detenidos por participar en protestas en Palmira rara vez sobrevivían. La ciudad era considerada hostil y un foco de terrorismo tras pequeños enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
«Era como entrar en una tumba, un lugar aterrador», recuerda sobre su visita a la prisión, cuyas puertas fueron derribadas cuando los insurgentes liderados por el actual presidente, Ahmed al Sharaa, avanzaron hacia Damasco. «Siempre habíamos oído hablar de este lugar. Sabemos que es un sitio de muerte. El que va a morir viene aquí. El olor. La falta de luz. La humedad. Aquí la gente moría».
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Documentar atrocidades y recopilar pruebas
La búsqueda de Abdellatif es solo una pieza de un esfuerzo mucho mayor para documentar y perseguir los crímenes del régimen de Assad, uno de los conflictos contemporáneos más ampliamente documentados. Desde 2011, la población siria, con el apoyo de investigadores internacionales y periodistas, ha documentado la brutalidad implacable del régimen, así como la de los grupos armados implicados en la guerra para derrocarlo.
Hay abundantes pruebas, aunque obtenerlas ha supuesto un gran riesgo. Organismos de la ONU con sede en Ginebra, organizaciones internacionales de derechos humanos y medios de comunicación, expertos forenses y otros actores han reunido vastos archivos de testimonios, fotografías, registros de detención e imágenes satelitales que documentan arrestos arbitrarios, torturas sistemáticas, desapariciones forzadas y muertes masivas.
Ese material se ha convertido en la base de importantes casos en tribunales europeos bajo el principio de jurisdicción universal, como en Alemania, donde se ha juzgado y condenado a altos cargos, y en Francia. El Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente (IIIM), con sede en Ginebra, apoya estos procesos judiciales. En más de ocho años de trabajo, ha acumulado casi 300 terabytes de datos utilizables por fiscales para construir casos por crímenes de guerra y de lesa humanidad —el equivalente a unos 62 millones de fotos en alta resolución o 75.000 películas en alta definición—.
Los propios sirios «han sido algunos de los activistas más comprometidos, políticamente astutos y competentes en la defensa de sus derechos y en la exigencia de rendición de cuentas, y algunos de los mejores documentalistas de atrocidades que el mundo ha visto», destaca Robert Petit, responsable del IIIM, en una entrevista en Ginebra.
«Gran parte de nuestro trabajo ha dependido de que aceptaran compartir las pruebas que ellos mismos recopilaron, a menudo con gran riesgo personal, sobre estos crímenes», añade.
El balance de la violencia en Siria fue tan elevado y el acceso tan limitado que la ONU dejó de contar víctimas. Las estimaciones conservadoras apuntan a más de 500.000 sirios muertos y otros 150.000 desaparecidos forzadamente entre 2011 y 2024. El hallazgo de decenas de fosas comunes tras la caída de Assad ha reavivado las esperanzas de esclarecer qué ocurrió con quienes fueron torturados y asesinados.
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Caminos hacia la justicia en Siria y en el ámbito internacional
Las nuevas autoridades sirias afirman estar comprometidas con la justicia, la rendición de cuentas y la reconciliación nacional. Han creado varias instituciones con ese objetivo. Sin embargo, desde la llegada al poder de Sharaa, han surgido riesgos de inacción en forma de asesinatos extrajudiciales, violencia intermitente y ataques por motivos identitarios. Algunas voces críticas temen que Damasco no esté aprovechando toda la experiencia disponible, que se centre de forma limitada en los abusos del antiguo régimen y que deje fuera a la sociedad civil de un proceso que debería ser más transparente.
«La participación activa de las comunidades locales en el diseño, la implementación y la supervisión de los mecanismos de justicia es un requisito previo para el éxito de cualquier proceso de justicia transicional», subraya Fadel Abdulghany, director de la Red Siria de Derechos Humanos, en un artículo de opiniónEnlace externo. Añade que esta participación suele implicar adaptar los estándares internacionales de derechos humanos a las realidades locales.
El camino hacia la justicia tiene en Ginebra uno de sus pilares. La ciudad suiza alberga el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y los principales mecanismos internacionales encargados de documentar los crímenes cometidos en Siria. Además del IIIM, acoge la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria y la Institución Independiente sobre las Personas Desaparecidas.
Estos organismos constituyen la base institucional para transformar la documentación en responsabilidad jurídica y en respuestas para las familias de los desaparecidos. Los archivos son estremecedores. Los más conocidos son los archivos de CaesarEnlace externo: decenas de miles de fotografías sacadas clandestinamente de Siria por un fotógrafo militar que muestran cuerpos demacrados y mutilados con claros signos de tortura en centros de detención y hospitales militares. El más reciente expediente de DamascoEnlace externo reconstruye cadenas de mando. La caída de Assad ha abierto una oportunidad excepcional para acceder a documentos estatales y escenarios de crímenes.
También obliga a la sociedad siria a enfrentarse a traumas que atraviesan generaciones y superan divisiones sociales, políticas y sectarias. Las víctimas del régimen de Assad incluyen descendientes de miembros de los Hermanos Musulmanes que sobrevivieron a la masacre de Hama de 1982, cuando las fuerzas gubernamentales bajo Hafez al Assad aplastaron violentamente una revuelta islamista; intelectuales comunistas alauíes y activistas kurdos; así como activistas y rebeldes suníes cuyas demandas de libertad y dignidad fueron posteriormente reinterpretadas en clave de yihad.
Para abordar estas heridas profundas e intergeneracionales, Siria puede apoyarse en el trabajo de la Institución Independiente sobre las Personas Desaparecidas (IIMP), creada por la Asamblea General de la ONU con un mandato humanitario y de búsqueda de la verdad. «Nuestra función es esclarecer el destino y el paradero de todas las personas desaparecidas en Siria, independientemente de su afiliación, nacionalidad o las circunstancias de su desaparición, y apoyar a sus familias», afirma Karla Quintana, responsable de la IIMP. Su labor abarca casos anteriores y posteriores a 2024, incluidas desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, secuestros y desapariciones vinculadas a la migración.
A través de todas las divisiones políticas, étnicas y geográficas de Siria, Quintana ha identificado un hilo común: «Las familias comparten una demanda universal de verdad y el derecho a conocer el destino de sus seres queridos», señala. «Toda familia afectada por esta tragedia considera la verdad esencial para sanar y reconstruir la paz».
Antes de la caída del gobierno de Assad, su equipo no tenía acceso a Siria, y su trabajo se limitaba a la incidencia y la preparación. Desde entonces, Quintana ha supervisado despliegues rotatorios en Damasco, el contacto directo con autoridades y sociedad civil sirias y la apertura de múltiples líneas de investigación, en un contexto de recortes de financiación de la ONU.
El trabajo es complejo. Entre las nuevas líneas de investigación figuran los casos de cientos de niños separados de sus familias y recluidos en llamadas «colocaciones de seguridad» o en orfanatos durante la guerra civil entre 2013 y 2018. También siguen abiertos los casos de mujeres yazidíes secuestradas por el grupo Estado Islámico, que controló amplias zonas de Siria e Irak.
No obstante, hay muchos actores implicados en esta rendición de cuentas, tanto nuevos como antiguos. En 2025 se crearon tres organismos nacionales en Siria para abordar los abusos. La Comisión Nacional de Justicia Transicional tiene el mandato de investigar los crímenes graves cometidos específicamente por el antiguo régimen de Assad. La Comisión Nacional de Personas Desaparecidas se centra en esclarecer el destino de quienes han desaparecido o han sido detenidos forzosamente.
En marzo de 2025, una ola de violencia en la costa siria afectó de forma desproporcionada a comunidades alauíes, en parte por su supuesta vinculación con el antiguo régimen, en el que estaban sobrerrepresentadas en las instituciones de seguridad y del Estado. En respuesta, el presidente al Sharaa creó el Comité Nacional Independiente de Investigación y Determinación de los Hechos sobre los Incidentes Costeros.
Verdad, justicia y un largo camino por recorrer
Tanto las autoridades sirias como la comunidad internacional consideran la verdad y la reconciliación elementos esenciales para construir una Siria estable y segura. Dentro del país, la voluntad de avanzar en ese sentido puede existir, pero los avances en justicia transicional se han visto frenados por la ausencia de una nueva constitución. La vigente, heredada del régimen, no proporciona el marco legal necesario para juzgar a antiguos responsables por crímenes de guerra o de lesa humanidad.
«En el derecho penal sirio no existe la noción de responsabilidad de mando», señala Petit, del IIIM. Su organismo sigue trabajando para establecer una presencia formal en Siria, aunque valora positivamente haber podido entablar contactos con las más altas autoridades desde el inicio. Los diálogos se centran en cuál es la mejor fórmula para la justicia y la rendición de cuentas en el contexto sirio.
«Cuando se habla de medio millón de personas muertas y más de 150.000 desaparecidas, ¿qué significa realmente la justicia?», se pregunta. «Las autoridades de Damasco insisten en un proceso liderado y asumido por los sirios, que la comunidad internacional apoya y está dispuesta a respaldar. Siempre he percibido nuestro papel como el de asistir y apoyar en la implementación».
Sostiene que la justicia transicional exige decisiones dolorosas y adaptadas al contexto, más que principios absolutos. El gobierno debe valorar opciones como la amnistía o la inmunidad y ser transparente sobre las razones de esas decisiones, incluso si ello genera rechazo entre las víctimas. En situaciones de atrocidades masivas, la justicia plena suele ser inalcanzable, y muchas familias nunca conocerán el destino de sus seres queridos.
Aunque la reconciliación pueda parecer más viable políticamente que la rendición de cuentas, Petit subraya que no puede sustituir a la justicia. Parte del desafío radica en que el sistema judicial y el sector de seguridad necesitan una transformación profunda, mientras Siria intenta reactivar su economía en un contexto de instituciones e infraestructuras devastadas y de redefinición de su papel en el mundo.
«Es un proceso lento», admite. «La magnitud de los desafíos es enorme. Y, por supuesto, como ocurre siempre en estos casos, las expectativas de rendición de cuentas y justicia están completamente desbordadas».
Este año ha traído algunos avances. En enero, el IIIM organizó en Ginebra una mesa redonda con responsables de justicia sirios y fiscales internacionales para debatir sobre enjuiciamientos extraterritoriales y la coordinación entre esfuerzos nacionales e internacionales. En febrero, el mecanismo llevó a cabo su primera recogida de pruebas in situ dentro de Siria, en el centro de detención de Al Khatib, documentando indicios de tortura y condiciones inhumanas con la cooperación del gobierno sirio.
Abdellatif sigue anhelando respuestas, pero sus expectativas son bajas. Cree que ya no hay nada que hacer por Samer. Una filtración de datos difundida por WhatsApp, que supuestamente refleja información oficial, indica que se expidió un certificado de defunción para su hermano el 20 de octubre de 2013, aunque no se registró hasta cinco años después. La familia nunca fue informada.
Ahora, mientras trabaja en la construcción de un hotel en su Palmira natal, devastada por la guerra, tiene algo claro: «Debe haber juicios para los responsables», afirma. «Si hay evidencias de que una persona mató a mi hermano, por supuesto quiero que sea juzgada».
Análisis de datos por Pauline Turuban y recopilación de fotos por Helen James.
Texto original editado por Virginie Mangin. Adaptado del inglés por Carla Wolff.
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