Gobierno de Ecuador atribuye al correísmo que el país deba pagar 220 millones a Chevron
Quito, 9 dic (EFE).- La ministra de Gobierno de Ecuador, Nataly Morillo, atribuyó la condena de 220 millones de dólares que el país debe pagar a la petrolera Chevron a los «caprichos y delirios del correísmo».
Según Morillo, el correísmo (por el expresidente Rafael Correa) «politizó el proceso judicial y contaminó una causa justa por hacer política y ganar adeptos», escribió en su cuenta de X.
La ministra insistió en que la resolución es «injusta» y que esos recursos «deberían ir para los más pobres» y no para «pagar la insensatez de aquellos que se creyeron los dueños del Estado».
Las declaraciones se producen después de que la Procuraduría General del Estado (PGE) informara este lunes de que Ecuador deberá pagar 220 millones de dólares a Chevron, luego de que un tribunal arbitral redujera la indemnización de 3.350 millones de dólares que la compañía reclamaba desde 2018.
Con esta decisión, Ecuador evita desembolsar 3.130 millones de dólares, lo que supone, según la PGE, una reducción del 93,4 % del monto solicitado tras la aceptación de la mayoría de argumentos presentados por la Procuraduría, que actúa como defensa del Estado.
El caso se originó en 1993, cuando comunidades indígenas y campesinas demandaron a Texaco (adquirida por Chevron en 2001) por los vertidos contaminantes provocados en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990.
En 2011, un tribunal de Lago Agrio ordenó a la petrolera pagar 9.500 millones de dólares a los afectados, pero Chevron llevó la disputa al arbitraje internacional al asegurar que ese fallo se obtuvo mediante «fraude, sobornos y corrupción».
En 2018, el tribunal arbitral respaldó a la compañía y responsabilizó al Estado ecuatoriano de una indemnización multimillonaria tras concluir que incurrió en denegación de justicia y violó el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos.
Desde entonces, la Procuraduría afirma que sus esfuerzos se han centrado en demostrar que «los conceptos y montos pedidos por las demandantes eran exagerados, infundados o que carecían de derecho para exigirlos». EFE
af/rrt
