Gremio empresarial peruano exige al Gobierno dar prioridad a recursos contra el crimen

Lima, 6 oct (EFE).- El mayor gremio empresarial en Perú exigió este lunes al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte que priorice el uso de los recursos públicos para combatir la delincuencia, durante una nueva jornada de protestas de transportistas contra la extorsión, y que deje de dar presupuesto a «barriles sin fondo» como la empresa estatal Petroperú, inmersa en una grave crisis financiera desde hace varios años.

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, manifestó en un comunicado que «en vez de estar dándole presupuestos a barriles sin fondo como Petroperú, ese dinero debería destinarse a la Policía Nacional para que implemente mejoras en su combate contra la delincuencia».

El mes pasado, el Ejecutivo peruano aprobó la emisión de bonos internos por 287 millones de dólares para refinanciar las deudas de Petroperú y garantizar el suministro de combustibles, a pesar de que la compañía ha acumulado pérdidas por el 50 % de su capital social en lo que va del año.

Zapata advirtió que la inseguridad se ha convertido en el principal problema del país y que su expansión está vinculada al crecimiento de las economías ilegales, minería ilegal, narcotráfico, tala y trata de personas, que alimentan la violencia y la extorsión.

Agregó que «esto necesita mucha inteligencia, mucha logística y presupuestos suficientes para que la Policía pueda capacitarse y actuar con eficacia frente al crimen organizado».

El titular de Confiep señaló que no pueden continuar en el país los enfrentamientos entre instituciones, en referencia a la tensa relación entre la Fiscalía de la Nación y el Ministerio del Interior, porque «hay un enemigo común que crece cada día».

Zapata expresó que las economías ilegales no solo generan violencia, sino que «buscan influir políticamente», lo cual no debe ser permitido y pidió a los ciudadanos estar alertas.

Al grito de «nos están matando», cientos de transportistas de Lima Metropolitana y la provincia anexa del Callao acatan este lunes un nuevo paro, que afecta a decenas de miles de ciudadanos, y ha sido convocado para exigir mayores medidas de seguridad ante el embate del crimen organizado.

El paro fue anunciado después de que el conductor de un autobús fuera asesinado durante la noche del sábado en el distrito de San Juan de Miraflores, en el sur de Lima, a lo que se sumó el domingo el ataque contra otro chófer, que resultó herido, en el distrito de San Juan de Lurigancho, en el este de la capital.

Las empresas de transporte público de Lima sufren en los últimos meses un incremento notorio de los casos de extorsiones y ataques cometidos por presuntos sicarios contra choferes mientras, en muchos casos, conducen los vehículos llenos de pasajeros.

Los transportistas formaron piquetes y bloquearon algunas vías de la capital peruana, sobre todo en las avenidas Túpac Amaru y Universitaria, en el norte de Lima, así como en otros lugares de distritos como San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores. EFE

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