Gremio rural repudia «manejo político» de la Justicia en Paraguay tras polémica de chats

Asunción, 7 feb (EFE).- La Asociación Rural de Paraguay (ARP) repudió este viernes lo que tachó de «manejo político» de la Justicia en Paraguay, después de la divulgación de unos presuntos chats que al parecer involucran a un legislador oficialista, un diputado fallecido en agosto del año pasado, dos fiscales y una jueza en una supuesta trama de «favores» y «ofrecimiento de dinero».

En un comunicado de prensa, la ARP se refirió a unas presuntas conversaciones extraídas de un celular que perteneció al diputado oficialista Eulalio Gomes -fallecido el 19 de agosto pasado durante un allanamiento a su vivienda-, en las que supuestamente se contacta con su colega del gobernante Partido Colorado Orlando Arévalo, las fiscales Katia Uemura y Stella Mary Cano y la jueza Sadi López.

«Las conversaciones extraídas de dispositivos sometidos a peritaje judicial exponen un entramado de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial, el Ministerio Público, y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), desnudando una preocupante falta de independencia en la administración de justicia», señaló el gremio, que expresa su «profunda preocupación y enérgico repudio».

El juez penal especializado en crimen organizado Osmar Legal desveló el lunes que encontró indicios de «corrupción pública» relacionados con «pedidos de favores políticos y ofrecimientos de dinero» en los presuntos chat de Gomes La ARP consideró que los supuestos mensajes «revelan negociaciones ilegítimas» entre los diputados y funcionarios judiciales que «afectan directamente la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y otros delitos».

Por ello, exigió, «una investigación rápida, imparcial y exhaustiva» sobre los hechos de corrupción denunciados y pidió sancionar «con el mayor rigor a los responsables».

También reclamó la «depuración inmediata de las instituciones involucradas» y «el fin de la injerencia política en la justicia», al advertir que «socava la institucionalidad y debilita el Estado de derecho».

El gremio de productores solicitó igualmente «mayor control ciudadano y acceso a la información, para que la sociedad pueda ejercer su derecho de fiscalización sobre las decisiones de las autoridades judiciales».

Este jueves, Arévalo, que también era vicepresidente primero del JEM, el órgano que enjuicia a fiscales, jueces y defensores públicos, presentó su renuncia al cargo y solicitó su desafuero como legislador para afrontar la Justicia.

El Ministerio Público ordenó el lunes abrir una causa penal para investigar los datos extraídos del celular de Gomes y anunció el miércoles la apertura de un «sumario administrativo» en contra de las fiscales Uemura y Cano.

A su vez, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia solicitó abrir un sumario administrativo contra la juez López, que se apartó del cargo en medio del escándalo.EFE

nva/lb/nvm