Grupo opositor de Nicaragua se declara en rebeldía ante Ley de Ciberdelitos
Managua, 16 feb (EFE).- El grupo opositor Unamos se declaró este martes en rebeldía ante la polémica Ley Especial de Ciberdelitos con el argumento de que la misma pretende «silenciar al pueblo nicaragüense», que vive una grave crisis sociopolítica y de derechos humanos desde el estallido social contra el presidente Daniel Ortega en abril de 2018.
La ley de Ciberdelitos, que entró en vigor el 30 de diciembre pasado y que ha sido bautizada como «Ley Mordaza» o «Ley Bozal» por la prensa no oficial nicaragüense, castiga con cárcel cualquier información en un dispositivo digital que el Gobierno de Ortega considere como amenaza.
Unamos, antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS), declaró su rebeldía a la vez que interpuso un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley de Ciberdelitos que, según el gremio periodístico independiente, amenaza la libertad de prensa, «criminaliza» al periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas.
«Con este recurso venimos a dejar constancia de que esta es una ley ilegal e ilegítima, y que los nicaragüenses no estamos obligados a acatarla, y no lo vamos a hacer», dijo la presidenta de Unamos, Suyen Barahona, a los periodistas.
La Ley de Ciberdelitos también obliga a los proveedores de servicios de telecomunicaciones que guarden durante al menos un año todos los datos e información que intercambien sus abonados, así como las pistas necesarias para rastrear e identificar el origen y destino de cada comunicación.
«Lo que pretende el régimen es silenciar al pueblo nicaragüense, tratando de imponer una mordaza para impedir que la ciudadanía nos expresemos en resistencia frente al régimen autoritario y en demanda de nuestras libertades de democracia y justicia», indicó Unamos, en una declaración.
Según el grupo opositor, «el objetivo de los Ortega Murillo es silenciarnos para que no denunciemos que la dictadura es responsable de crímenes de lesa humanidad, de ejercer terror sobre los nicaragüenses, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamiento y procesamiento legal de centenares de nicaragüenses».
Barahona argumentó que dicha ley es inconstitucional «porque violenta garantías, derechos, y disposiciones constitucionales, nuestro derecho a la privacidad, a la protección de datos personales, a brindar y recibir información sin censura, violenta tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado de Nicaragua».
La Ley de Ciberdelitos, aprobada en octubre pasado por la mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional (Parlamento), forma parte del tachado por sus críticos como «paquete de leyes represivas» en el marco de las elecciones de noviembre próximo, que restringen las libertades públicas, permiten encarcelamientos de hasta 90 días sin acusación, establecen cadena perpetua, suspenden financiación y regalías del exterior, e impiden candidaturas a cargos públicos a quienes aplaudan las sanciones contra el Gobierno o sus funcionarios.
Las elecciones del 7 de noviembre serán claves para Nicaragua, ya que estarán en juego 42 años de dominio casi total de Ortega sobre la política nicaragüense. EFE
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