Hijo de titular de Supremo paraguayo acordó representar a brasileño deportado

Asunción, 17 nov (EFE).- Amílcar Fretes, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Paraguay, fue contratado en septiembre de 2021 por el ciudadano brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi en busca de una «salida jurídica» a su extradición a EE.UU., que se concretó finalmente en julio pasado, reveló este jueves la prensa local.

Según un documento difundido por el diario ABC, Fretes suscribió un «Contrato de prestación de servicios profesionales de abogado» con Sharif Kassem Hijazi, a nombre de su padre detenido en agosto de 2021 en la localidad de Ciudad del Este (sureste), en un operativo liderado por el fiscal antimafia Marcelo Pecci, asesinado en mayo pasado.

El contrato fue firmado en Asunción, la capital del país, el 30 de septiembre de 2021 y estipulaba un pago de honorarios por 368.000 dólares. Quedó sin efecto, según Amílcar Fretes, 30 días después.

Consultado por la emisora ABC, Amílcar Fretes confirmó que el documento «existe» e indicó que el hijo de Hijazi lo contactó y le pidió analizar la posibilidad de «si había algo que hacer con su padre».

Fretes dijo haber aclarado en una reunión posterior que no había «ninguna posibilidad», ya que Hijazi sería extraditado, razón por la cual Sharif Kassem Hijazi le pidió contactar a un experto en asuntos internacionales que lo asesorara.

Según Fretes, Sharif Kassem Hijazi y su padre buscaban que fuese imputado en Paraguay «a los efectos de que no vaya extraditado a Estados Unidos».

En ese contexto, aclaró que su padre, el presidente de la CSJ, Antonio Fretes, «no tenía ni tuvo ningún conocimiento hasta el día de hoy» del contrato, cuyo texto se divulgó mediante fotografías difundidas por medios locales.

Admitió, en todo caso, que conocía de que el proceso llegaría a manos de la Sala Constitucional del Supremo, de la que su padre es integrante.

Consultado sobre los honorarios, dijo que se acordó dejar 60.000 dólares en poder de una persona de confianza de Sharif Kassem Hijazi, suma que fue devuelta tras cumplirse el plazo de 30 días fijado en el documento para hallar una «solución» satisfactoria.

Tras las publicaciones de prensa, Amílcar Fretes presentó su renuncia como funcionario de la hidroléctrica Itaipú, que comparten Paraguay y Brasil.

Itaipú informó en un comunicado que la dimisión se aceptó «de forma inmediata».

La divulgación del contrato dejó en el ojo del huracán al presidente del Supremo, quien en un comunicado declaró «explícita y enfáticamente que no tiene vinculación alguna» con lo expresado en publicaciones periodísticas que lo mencionan.

«En varias ocasiones ha manifestado y enfatizado públicamente su total desautorización a cualquier persona que invoque su nombre con intenciones de eludir sus responsabilidades ante la Justicia», zanjó en su declaración.

Sin embargo, la diputada Celeste Amarilla, del opositor del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) , anunció que varios parlamentarios han expresado su apoyo a una propuesta para impulsar un juicio político en contra el titular de la CSJ.

Las versiones periodísticas indicaron que tanto el contrato como presuntos amedrentamientos de Hijazi a Amílcar Fretes fueron hallados en su teléfono durante un registro realizado por la Fiscalía en la Agrupación Especializada, una dependencia de la Policía donde permanecía recluido el brasileño antes de su extradición.

La inspección se ordenó el pasado 12 de mayo, dos días después del asesinato de Pecci en Colombia.

En declaraciones a periodistas, la fiscal Alicia Sapriza aclaró que solo se incautaron en ese entonces teléfonos celulares que «están siendo analizados» y señaló que el Ministerio Público «no contaba con esa información». EFE

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