Imputan nuevos delitos a exalcalde de Odesa que perdió ciudadanía por tener pasaporte ruso
Marcel Gascón
Kiev, 29 oct (EFE).- La Fiscalía ucraniana ha imputado por supuesta negligencia en la gestión de las inundaciones recientes que en septiembre se cobraron la vida de diez personas al exalcalde de Odesa, Genadi Trujánov, y a otras ocho personas que trabajaban en ese momento en su administración.
Trujánov perdió el cargo a mediados de este mes después de que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) estableciera que es poseedor de un pasaporte ruso en vigor, algo prohibido por la ley ucraniana. Dejar de ser ciudadano ucraniano le descalificaba para seguir desempeñando el cargo.
Odesa está gobernada ahora por una administración militar designada directamente por el presidente Volodímir Zelenski, al que parte de la oposición y algunos alcaldes como el de Kiev, Vitali Klichkó, acusan de abusar de los poderes extraordinarios que le otorga la ley marcial en vigor desde el comienzo de la guerra para concentrar más poder de forma ilegítima.
En una entrevista con la televisión pública ucraniana, Trujánov defendió su actuación durante las inundaciones y atribuyó la tragedia provocada por las lluvias torrenciales a las supuestas deficiencias del sistema de drenaje de Odesa, que, según dijo, fue construido por la administración central ucraniana.
Trujánov -una figura independiente en el actual panorama político del país asociada por muchos ucranianos prooccidentales a la vieja élite prorrusa a la que algunos medios han implicado en diversos escándalos de corrupción- también sigue negando tener un pasaporte ruso y aseguró tras conocer la decisión de que dejaba de ser ciudadano de su propio país que las pruebas presentadas por el servicio secreto al respecto habían sido falsificadas.
Según una investigación del medio de oposición ruso The Insider, la foto del documento en cuestión presentada por el SBU no es de un pasaporte verdadero. Según la publicación, el número de pasaporte de ese documento corresponde al pasaporte de una mujer rusa llamada Tatiana.
Más interrogantes que respuestas
En un encuentro con periodistas celebrado el lunes en Kiev en el que participó EFE, Zelenski dijo al ser preguntado sobre las dudas que han surgido en torno a las pruebas presentadas por el SBU para quitarle la ciudadanía a Trujánov que éstas son “suficientes”.
“Hay información adicional de los registros de la Guardia de Fronteras que también confirman que posee la ciudadanía de la Federación Rusa”, dijo el presidente ucraniano, que agregó que no le interesa “cuántos pasaportes tenga” y “cuáles son verdaderos” y “cuáles falsos”.
Zelenski defendió su decisión de retirarle la nacionalidad como “ajustada a la ley” y sugirió que el hecho de que alguien con nacionalidad rusa fuera alcalde de Odesa representaba un peligro para la ciudad.
Casi dos semanas después de que se le despojara de su nacionalidad, la situación en la que queda Trujánov sigue sin haber sido aclarada por ninguno de los órganos implicados en el proceso.
En un limbo parecido se encuentra el líder de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana subordinada al Patriarcado de Moscú -el metropolita Onufri- a quien también le quitaron la ciudadanía ucraniana al concluir el SBU el pasado mes de julio que era poseedor de un pasaporte ruso.
Acusaciones de autoritarismo
Trujánov no es el único político ucraniano de primer nivel contra el que la administración de Zelenski ha tomado medidas.
El propio jefe de la oposición, el expresidente Petró Poroshenko, ha sido sancionado por Zelenski por supuestas actividades de su imperio de negocios que pondrían en peligro la seguridad nacional.
Exministros como el antiguo titular de Infraestructuras, Oleksandr Kubrákov, y figuras que ocuparon durante la guerra puestos clave en la estructura de poder del Estado como el exjefe de la empresa eléctrica nacional Volodímir Kudritski han sido investigados por corrupción en procesos que muchos atribuyen a razones políticas tras ser cesados de sus cargos.
Zelenski se enfrentó a finales de julio a una ola de protestas ciudadanas sin precedentes en tiempos de guerra cuando quiso subordinar las agencias anticorrupción del país a la oficina del fiscal general, una institución que depende de la presidencia.
El presidente ucraniano tuvo que rectificar debido a la presión de la calle y de sus aliados europeos, el SBU y la Fiscalía -que responden al presidente- siguen en un conflicto abierto con las agencias anticorrupción con investigaciones cruzadas a sus respectivos funcionarios que los dos campos han atribuido a venganzas políticas. EFE
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