Indígenas denuncian intención de quitar protección a pueblos aislados de Perú

Lima, 28 abr (EFE).- Las principales organizaciones indígenas de Perú expresaron este jueves su rechazo ante una petición que, según denuncian, han realizado varios representantes de instituciones públicas y privadas de la selvática región de Loreto para derogar la ley que protege a los pueblos en situación de aislamiento o de contacto inicial (PIACI).

«Al pedir la derogatoria (de la ley) estamos volviendo al tiempo del caucho y de la esclavitud porque en aquella época así se cedía a los grandes patrones y millonarios la libertad de ir a trabajar sin concesión para sacar la riqueza de nuestro país», alertó a Efe el presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), el apu (jefe) Manuel Ramírez Santana.

En una entrevista telefónica, Ramírez denunció la existencia de «presiones» e «intereses particulares» detrás del denominado «Manifiesto de la Región Loreto», un documento publicado el pasado 25 de abril que solicita la «derogatoria inmediata» de la Ley PIACI y que supuestamente fue suscrito por el gobernador regional, Elisbán Ochoa.

Consultado por Efe, el gobierno regional de Loreto no quiso hacer declaraciones, pero tampoco desmintió el manifiesto, que circula desde hace tres días en las redes sociales.

La Ley PIACI, vigente en Perú desde 2006, tiene como objetivo garantizar los derechos fundamentales de estos pueblos y dispone el carácter intangible de las reservas indígenas para ellos.

Pero para los firmantes del manifiesto, esta norma condena a la región de Loreto, que concentra la mayor población indígena de la Amazonía peruana, «al retraso, subdesarrollo y hambre» al supuestamente frenar la ejecución de proyectos de infraestructura, carreteras e inversiones para la actividad de la industria forestal, la agroferestería y de hidrocarburos.

«Instamos a los señores congresistas de la República y demás autoridades a que fijen públicamente su posición en torno a esta perjudicial ley, que obedece a políticas internacionales de mantener a los pueblos amazónicos en la pobreza extrema y aislados de la modernidad», se lee en el documento.

Además, los autores, entre ellos colegios profesionales y gremios sindicales, «exigen» al presidente Pedro Castillo a «paralizar toda acción que busca imponer la Ley PIACI, que califican como «una figura disfrazada bajo la existencia negada de indígenas no contactados».

Al respecto, Ramírez fue enfático al afirmar que hay «evidencias clarísimas» de la presencia de pueblos indígenas en aislamiento en Loreto y en otras regiones del Perú, algo que hace más de tres décadas, dijo, ha sido reconocido por entidades del Estado y organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para Orpio, que agrupa más de 500 comunidades nativas, está claro que el pedido para derogar esta ley «no responde a una auténtica voluntad de promover el desarrollo de los pueblos amazónicos, sino que obedece a intereses particulares de grupos económicos que buscan seguir depredando los bosques y los recursos naturales sin respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas u originarios».

«Su derogación significaría un crimen de lesa humanidad contra estas poblaciones» escribió la organización en un comunicado, en el que manifestaron su «indignación por las expresiones cargadas de racismo y discriminación contenidas en el referido manifiesto».

La polémica desató la solidaridad de otras organizaciones indígenas del Perú, que rechazaron el documento y recordaron que los PIACI son pueblos «extremadamente vulnerables que actualmente están en riesgo de exterminio por falta de medidas de protección para su vida y territorios».

Así lo afirmó este jueves la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que a través de un comunicado exigió a los autores del manifiesto «retractarse de la solicitud de derogatoria» y «no distorsionar las voces de las comunidades loretanas».

«Condenamos que los firmantes se atribuyan la representación de los ‘verdaderos pueblos originarios’ cuando ellos no tienen legitimidad y revelan de forma grosera los fuertes intereses económicos en los territorios de los PIACI para desalojarlos, saquearlos y apropiarse de ellos», se lee en la nota.

En el mismo sentido se expresó la Organización Regional de Aidesep Ucayali (ORAU), que insistió en que sus «hermanos PIACI» vienen siendo amenazados en los últimos años por actividades ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de tierras y la tala ilegal. EFE

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