Indígenas de Ecuador acusan al Gobierno de perseguir con Fiscalía a líderes de protestas

Quito, 26 sep (EFE).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país que mantiene convocadas protestas contra el Gobierno a nivel nacional y que son secundadas en varias provincias de la sierra andina y de la Amazonía, denunció este viernes la criminalización hacia sus dirigentes con la apertura en Fiscalía de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

De acuerdo a la misma organización, entre los dirigentes incluidos en la investigación del Ministerio Público está su presidente, Marlon Vargas, así como presidentes de las filiales regionales indígenas, equipos técnicos y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza.

«Se trata de un mecanismo más de criminalización y persecución política y judicial del Gobierno de Daniel Noboa en complicidad con la Fiscalía, para frenar el Paro Nacional 2025 y deslegitimar nuestras demandas con falsas acusaciones. La lucha continúa, nos mantendremos firmes y agotaremos todas las instancias frente a este Gobierno dictatorial. Protestar no es un delito, es un derecho», sostuvo la Confederación.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado la apertura de esta investigación advertida por la Conaie, que acompañó su denuncia con la difusión del documento con la notificación a los dirigentes de la apertura de dicho expediente.

Antes de que las protestas comenzaran el pasado lunes contra el alza del precio del diésel, la Conaie denunció también que las cuentas bancarias de algunos líderes de la organización habían quedado bloqueadas por orden supuestamente del Gobierno a los bancos, sin que pudiesen acceder a ellas.

Desde el inicio de las protestas el Gobierno reporta cerca de cien detenidos, de los que una docena han sido imputados por la Fiscalía por terrorismo y enviados a prisión preventiva. Al menos uno de ellos fue trasladado a la cárcel de Esmeraldas, donde el jueves fueron asesinados 17 presos en una nueva masacre carcelaria.

Entre los detenidos figuran dos venezolanos que las autoridades presumen que están vinculados al Tren de Aragua, la mayor banda criminal de Venezuela, catalogada por el Gobierno de Daniel Noboa como «terrorista».

En estos cinco días de paro convocado por la Conaie, la provincia de Imbabura se consagró como el epicentro de las protestas. El pasado lunes, en la ciudad de Otavalo, un millar de manifestantes atacó un destacamento policial, dañó su infraestructura y quemó vehículos policiales y particulares.

El detonante de estas protestas fue la eliminación de la subvención estatal al diésel decretada por Noboa hace dos semanas, que hizo que el precio de este combustible subiera de la noche a la mañana de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los entonces presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI). EFE

fgg/gpv

(foto)