Irene Montero urge al Gobierno español a romper relaciones con Israel

Beirut, 18 sep (EFE).- La eurodiputada Irene Montero alertó este jueves en Beirut de que el Gobierno español tiene la «obligación legal» de romper relaciones con Israel para prevenir el genocidio y le instó a abandonar su «política de titulares» en favor de medidas reales inmediatas.

«El Gobierno de España tiene la obligación legal de romper inmediatamente las relaciones comerciales, diplomáticas y militares con el Estado terrorista de Israel. Que lo hagan ya, que se dejen de titulares, que escriban ese real decreto y que practiquen un embargo total de armas», dijo en declaraciones a EFE.

«El Gobierno de España ha mantenido unas relaciones militares más fructíferas con los genocidas desde que empezó el genocidio que antes de que empezase el genocidio, por tanto tienen que abandonar ya esta hipocresía criminal», agregó la exministra de Igualdad.

Montero, de visita en el Líbano para visitar campamentos de refugiados palestinos, defendió que España es firmante de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, por lo que cumplirla es una cuestión «de legalidad internacional» y no puramente «ética».

Por otro lado, en una comparecencia ante la prensa en Beirut, recordó también la «responsabilidad» que tienen las instituciones europeas en general en el genocidio cometido por Israel en la Franja de Gaza.

«Israel no podría llevar a cabo este genocidio y no podría llevar durante décadas ocupando ilegalmente el territorio palestino si no fuese porque cuenta con la complicidad, con el apoyo, con el soporte militar, político, económico, diplomático de los gobiernos europeos», denunció la eurodiputada.

Montero visitó esta semana varios campamentos de refugiados palestinos en Jordania y el Líbano, donde fue testigo de las «muy difíciles» condiciones en las que viven y de la «violación de derechos fundamentales» que sufren, el más importante de ellos el del retorno a sus hogares.

El Líbano acoge a más de 200.000 miembros de esta comunidad, la mayoría en doce campos repartidos por su territorio, donde se enfrentan a una serie de restricciones como estar vetados de 39 profesiones sindicadas, obstaculizando sus oportunidades laborales.

Muchos de ellos dependen de la ayuda proporcionada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (UNRWA), por lo que Montero criticó la campaña «sistemática de ataque» que tiene lugar desde hace tiempo contra ella y recordó que los debates institucionales al respecto «tienen consecuencias reales en la vida de la gente».

En este contexto, advirtió de que cortar la financiación a la UNRWA pone en riesgo el derecho de los refugiados a la educación, a la sanidad o a tener infraestructuras mínimas en campamentos que debían haber sido «temporales». EFE

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