Jimmy Lai se enfrenta a una posible cadena perpetua en un veredicto clave para Hong Kong
Hong Kong, 14 dic (EFE).- El Tribunal Superior de Hong Kong dictará este lunes sentencia en el emblemático proceso contra el magnate prodemocracia Jimmy Lai por «conspiración con potencias extranjeras para solicitar sanciones» y por «conspirar en publicaciones subversivas», cargos que conllevan posible cadena perpetua bajo la legislación impuesta por Pekín en 2020.
La resolución, tras un maratónico juicio sin jurado, se considera indicador del rumbo institucional de la excolonia británica y ha generado inquietud entre gobiernos occidentales y entidades defensoras de derechos fundamentales.
El fundador del desaparecido diario Apple Daily, de 78 años, fue arrestado en agosto de 2020 pocas semanas después de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional (NSL), que incorporó nuevos tipos penales vinculados a la seguridad del Estado y otorgó a las autoridades amplias facultades para investigar, detener y procesar conductas consideradas lesivas para la soberanía nacional.
Desde entonces permanece en detención preventiva y en régimen de aislamiento durante 23 horas diarias. Su equipo jurídico y familiares han denunciado un deterioro progresivo de su estado de salud y atención médica deficiente, lo que ha motivado llamamientos globales para asegurar su integridad física durante la fase final del proceso.
El juicio, iniciado formalmente en diciembre de 2023 tras años de diligencias previas, concluyó la fase de informes a finales de agosto.
El tribunal deberá determinar si el acusado participó en dos supuestas conspiraciones para interactuar con actores extranjeros y si intervino en la difusión de contenidos calificados como sediciosos.
La defensa sostiene que los hechos anteriores al 1 de julio de 2020 no pueden ser perseguidos penalmente en virtud del principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable, y argumenta que no existen elementos probatorios sólidos que acrediten actividades vetadas tras esa fecha.
La acusación, en cambio, afirma que mantuvo una línea editorial deliberadamente orientada a influir en gobiernos foráneos y que habría impartido instrucciones a colaboradores para mantener contactos interpretados como solicitudes de sanciones contra Hong Kong y China.
El caso se desarrolla en un contexto de endurecimiento normativo e institucional desde las protestas multitudinarias de 2019. Desde la entrada en vigor de la NSL, centenares de activistas, periodistas y ciudadanos han sido detenidos o sometidos a juicios por presuntos delitos contra la seguridad nacional.
Organizaciones de derechos humanos señalan que la elevada tasa de condenas y el uso expansivo de la ley han restringido libertades tradicionalmente reconocidas en el territorio semiautónomo, consideradas pilares del modelo de «un país, dos sistemas» vigente desde la transferencia de soberanía a China en 1997.
Por su parte, la posición oficial china, difundida a través de medios estatales como Global Times, sostiene que este proceso evidencia la fortaleza del Estado de derecho y la necesidad de preservar la estabilidad institucional tras la crisis política de 2019.
La situación de Lai ha adquirido una dimensión exterior significativa. Estados Unidos ha impuesto sanciones a funcionarios implicados en la aplicación de la NSL, mientras parlamentarios de distintas jurisdicciones reclaman medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de la Declaración Conjunta Sino‑británica, el tratado que comprometía la autonomía de la ciudad hasta 2047.
En Reino Unido, donde Lai posee ciudadanía, diversos sectores políticos instan al Gobierno a intensificar la presión diplomática sobre Pekín y revisar proyectos bilaterales en curso. EFE
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