Juristas ven en Ecuador «persecución judicial con fines políticos» al correísta Jorge Glas

Guayaquil (Ecuador), 26 jun (EFE).- Juristas de América Latina y Europa ven una «persecución judicial con fines políticos intolerables» contra el exvicepresidente correísta de Ecuador Jorge Glas, en el caso en el que la Fiscalía lo acusa de haber cometido un presunto peculado (malversación de fondos públicos) durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016, y pidieron «su inmediata libertad».

Así lo manifestó este jueves la vicepresidenta de la Asociación Americana de Juristas, la argentina Claudia Rocca, quien junto al exjuez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón, el exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) Eugenio Raúl Zaffaroni, y otros seis juristas de diversos países firmaron un pronunciamiento sobre el caso Reconstrucción, cuya sentencia será emitida el próximo lunes.

«Jorge Glas no ha administrado recursos públicos. En su calidad de vicepresidente no fue quien dispuso el gasto ni su responsable financiero. No ha suscrito contratos ni autorizó pagos y así ha sido reconocido bajo juramento por la perito convocada por la Fiscalía», dijo Rocca en una rueda de prensa convocada por el Comité Internacional por la Libertad del exvicepresidente.

Según la Fiscalía ecuatoriana, que ha pedido una pena de 13 años de prisión para Glas, «no se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados por el terremoto» y, en su lugar, «se destinaron los fondos para la construcción de otras obras no contempladas en esa categoría».

Reclaman absolución de Glas

Sin embargo, los juristas internacionales señalan que a Glas «no le correspondía emitir criterios técnicos ni definir especificaciones constructivas», y que «existen informes estructurales que justifican plenamente la necesidad de esas obras bajo normativa antisísmica vigente».

«Hay una judicialización de una respuesta institucional ante una emergencia nacional», dijo Rocca.

«El terremoto del 16 de abril de 2016 fue la mayor catástrofe natural de la historia reciente del Ecuador y la gestión pública frente a una tragedia no puede ser interpretada como delito porque no hay dolo ni daño. Ha sido una respuesta ante la necesidad por fuerza mayor adoptada en contextos excepcionales. Este precedente de penalizar este tipo de reacciones preocupa sobremanera», añadió la abogada.

Rocca dijo que han detectado una «persecución selectiva e indicios de motivación política en esta causa».

En su pronunciamiento, los juristas pidieron al tribunal «salvaguardar el respeto irrestricto al debido proceso, a la presunción de inocencia y a los estándares del derecho penal garantista», pues reiteraron que «no existe prueba alguna de perjuicio ni de apropiación indebida por parte de Jorge Glas».

Liga parlamentaria

El Comité por la Libertad de Glas también anunció la creación de un grupo parlamentario internacional compuesto hasta el momento por 106 congresistas y senadores de parlamentos de América Latina y Europa, entre los que se destacan Irene Montero, exministra del Gobierno de España y actual europarlamentaria; la senadora colombiana María José Pizarro y Enrique Santiago, diputado y líder del Partido Comunista de España.

Santiago explicó que este grupo pedirá a las autoridades ecuatorianas que diputadas y diputados de «todas las partes del mundo» puedan realizar visitas periódicas a Glas, quien está en la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, La Roca, desde abril de 2024, cuando el presidente, Daniel Noboa, ordenó el asalto policial a la Embajada de México en Quito para detenerlo y cumplir con una orden de arresto, una vez que el Gobierno mexicano le había concedido asilo diplomático al considerarlo un «perseguido político».

Estas visitas, dijo Santiago, tendrán el objetivo de verificar su estado de salud y que se estén «respetando unas condiciones dignas de reclusión».

Dos condenas pendientes

Glas, uno de los hombres fuertes del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), cumple en la cárcel una pena ocho años a raíz de dos condenas por corrupción impuestas en 2017, por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y en 2020 por cohecho en el caso Sobornos, donde Correa fue también condenado a ocho años e inhabilitado políticamente.

A finales de 2022 fue excarcelado gracias a una polémica e irregular resolución judicial y permaneció en libertad durante algo más de un año, hasta que a finales de 2023 llegó a la Embajada de México en Quito, donde pidió asilo, al advertir que la Fiscalía buscaba procesarlo por el caso Reconstrucción.

El asalto a la embajada derivó en la ruptura de las relaciones entre ambos países y a un litigio en la Corte Internacional de Justicia, donde México acusa a Ecuador de haber roto la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y Ecuador culpa al país nortemericano de haber contravenido los tratados que regulan el asilo diplomático. EFE

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