La cárcel libia de Mitiga, una prisión cuyos horrores se exponen ante la CPI en la Haya
Islam Alatrash
Trípoli, 4 dic (EFE).- La entrega del libio Khaled al Hishri a la Corte Penal Internacional (CPI) vuelve a poner bajo presión a la cárcel de Mitiga, símbolo de torturas, detenciones arbitrarias y abusos en Libia, lo que ha desatado nuevos llamamientos a cerrar un centro que ni el propio Estado controla plenamente.
Ubicada al este de Trípoli, dentro de una base aérea, el recinto se convirtió en un centro de detención después del derrocamiento del dictador Muamar Gadafi en 2011, cuando grupos armados reutilizaron edificios militares, tras lo que las Fuerzas Especiales de Disuasión, conocidas como Rada, consolidaron el control del complejo.
La prisión incluye varias secciones, como áreas de detención comunales, unidades de aislamiento, pabellones para mujeres, y celdas para detenidos acusados de delitos relacionados con el terrorismo, además de salas de interrogatorio y oficinas administrativas.
Diferentes organizaciones de derechos humanos aseguran que la capacidad del centro es muy inferior al número de detenidos que alberga, y denuncian detenciones sin órdenes judiciales y abusos generalizados entre las paredes de este complejo.
Crímenes de guerra y lesa humanidad
Esta alarma también la ha lanzado la Corte Penal Internacional (CPI), que recibió esta semana a Al Hishri, a quien acusa de crímenes de guerra y lesa humanidad como uno de los «funcionarios de más alto rango de la prisión de Mitiga», donde «miles de personas» fueron retenidas durante «largos periodos» al menos entre febrero de 2015 y principios de 2020.
Conocido como ‘Al Buti’, tiene 47 años y fue arrestado en Alemania el pasado julio y entregado al tribunal el pasado lunes.
Ayer compareció por primera vez ante la CPI, acompañado de dos guardias de seguridad y ataviado con traje azul, escuchó la lista de horrores que se le imputan sentado, serio, sin reaccionar, ni gesticular ante la enumeración de crímenes.
El contenido de los delitos leídos en la CPI incluyó trato cruel, tortura, ultrajes contra la dignidad personal, violación, violencia sexual y asesinato de detenidos en la prisión de Mitiga; así como encarcelamiento sin base legal y persecución al dirigir ataques contra los detenidos de Mitiga por sus opiniones.
Al Hishri es el primer libio que comparece ante la Corte desde que esta abrió investigaciones sobre Libia en 2011.
El director del Comité Nacional de Derechos Humanos en Libia, Ahmed Hamza, señaló a EFE que hacer rendir cuentas a un funcionario libio ante la CPI es un «paso importante» que refuerza el principio de no impunidad, subrayando la necesidad de cooperar con este tribunal con entrega de los sospechosos restantes.
La CPI ha emitido varias órdenes de detención contra responsables libios, pero hasta ahora solo ha sido ejecutada la de Al Hishri.
En total, siguen pendientes otras ocho órdenes de arresto públicas, entre ellas la de Saif al Islam Gaddafi, hijo del fallecido dictador, y el jefe de la policía judicial libia, Osama al Masri, detenido en enero por Italia, que decidió dejarlo en libertad y enviarlo de vuelta a Libia, en contra de la orden de la CPI, en una decisión que causó polémica.
El analista político libio Mohamed Mahfouz consideró en declaraciones a EFE que la comparecencia de Al Hishri ante la CPI aumentará la «presión» sobre las autoridades libias para que revisen la detención de Al Masri, quien, según la fiscalía libia, se encuentra bajo su custodia desde noviembre por una investigación que se centra en denuncias de malos tratos en instalaciones afiliadas a Rada, sin proporcionar más detalles.
Una prisión fuera de control
Estos acontecimientos han intensificado el escrutinio local e internacional sobre la prisión, ante lo que grupos de derechos humanos piden su cierre tras documentar reiteradas violaciones a lo largo de los años y cuya opacidad impide saber el número actual de detenidos.
El propio Mahfouz subrayó que esta situación refleja la «presión nacional e internacional» para abordar abusos bien documentados, por lo que predijo que la vigilancia internacional de Mitiga continuará en el próximo período.
Sin embargo, la fragmentación de Libia añade complejidad a este panorama. Trípoli permanece bajo el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), mientras que la región oriental está administrada por el Ejecutivo de Osama Hammad desde Bengasi y respaldado por las fuerzas del mariscal Jalifa Haftar.
Esta división afecta a la gobernanza de las instituciones judiciales y de seguridad, incluidos los centros de detención, lo que dificulta la supervisión estatal y el establecimiento de estándares unificados.
La Organización ‘Libyan Crimes Watch’ (LCW), con sede en el Reino Unido, considera que Mitiga es un centro de detención ilegal sin supervisión judicial y exige su cierre inmediato, alertando de que su funcionamiento pone en peligro la vida de los detenidos y permite nuevos abusos. EFE
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