La CIDH otorga medidas cautelares a exasesor de Ortega y a nueve disidentes en Nicaragua
San José, 29 oct (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este jueves que otorgó medidas cautelares a favor del general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, un antiguo asesor del copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, así como a otros nueve disidentes nicaragüenses que se encuentran bajo custodia en el país.
Baltodano Cantarero, quien era el delegado presidencial nicaragüense para las inversiones, así como su hijo, el empresario Álvaro Baltodano Monroy, quien también recibió el beneficio de la CIDH, fueron acusados por la Procuraduría General de Justicia de crear «20 sociedades de papel» para lavar dinero y evadir impuestos y se le canceló la concesión de una planta de generación de energía geotérmica de la que eran directivos.
Los otros beneficiados con medidas cautelares son Octavio Caldera, Marvin Campos, Chester Cortez, Yerri Gustavo Estrada, Larry Martínez, Antonio Mercado, Luis Francisco Ortiz y María José Rojas, que son reconocidas o percibidas como opositoras al gobierno nicaragüense y fueron detenidas por autoridades estatales entre mayo y agosto de 2025, de acuerdo con la resolución de la CIDH.
Los diez disidentes forman parte de los al menos 73 opositores y críticos del Ejecutivo sandinista que se encuentran en prisión en Nicaragua y que son considerados presos políticos por los organismos humanitarios.
En su resolución, emitida el pasado 27 de octubre, la CIDH explicó que otorgó medidas cautelares a favor de los diez disidentes tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Nicaragua.
«Actualmente no se tendría conocimiento sobre su destino, paradero o condiciones de detención y salud. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH», advirtió la entidad.
Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su reglamento, ese organismo solicitó a Nicaragua adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de las personas beneficiarias con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal.
También que indique de manera formal si las personas beneficiarias han sido acusadas de algún delito y/o si han sido presentadas ante la autoridad judicial correspondiente.
En caso contrario, aclarar el motivo de su detención sin cargos y sin supervisión judicial; aclare las circunstancias y condiciones de sus detenciones, incluyendo el lugar de sus detenciones, y si tienen acceso a sus representantes legales y familiares, así como las atenciones en salud que resulten necesarias.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, próximo a cumplir 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria». EFE
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