La CPI condena por crímenes de lesa humanidad a un jefe de milicia de la guerra de Darfur

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La Corte Penal Internacional (CPI) condenó el lunes al jefe de una milicia de Sudán por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos hace más de veinte años durante la guerra civil en la región de Darfur.

Ali Muhammad Ali Abd Al Rahman, conocido por el nombre de guerra Ali Kushayb, fue declarado culpable de múltiples delitos, incluidos violación, asesinato y tortura cometidos en Darfur entre 2003 y 2004.

«La sala está convencida de que el acusado es culpable más allá de toda duda razonable de los crímenes que se le imputan», declaró la jueza Joanna Korner, presidenta de la CPI. 

La sentencia se pronunciará posteriormente, precisó. Las audiencias están previstas del 17 al 21 de noviembre, tras las cuales se tomará una decisión «en su debido momento».

Abd Al Rahman, con un traje azul y corbata roja, siguió los debates impasible, tomando notas de vez en cuando.

La jueza Korner detalló los relatos de violaciones colectivas, abusos y masacres. 

También explicó que en una ocasión Abd Al Rahman hizo subir a unos cincuenta civiles a varios camiones, golpeando a algunos con hachas, los hizo tumbar en el suelo y ordenó a sus tropas ejecutarlos.

«El acusado no se limitaba a dar órdenes (…) participaba personalmente en los abusos y luego estaba físicamente presente, dando instrucciones para la ejecución de los detenidos», afirmó la jueza.

El fiscal acusó a Abd Al Rahman de haber sido un alto responsable de las milicias árabes llamadas yanyauid, y de haber participado activamente en la comisión de los crímenes «con entusiasmo».

Sin embargo, él siempre negó las acusaciones, afirmando que no es la persona que buscaban. 

«No soy Ali Kushayb. No conozco a esa persona», declaró ante la CPI, pese a que ha sido identificado como el jefe de la milicia sudanesa de los yanyauid y aliado del derrocado presidente Omar al Bashir.

Aunque se entregó voluntariamente en 2020, sostiene que las acusaciones «no tienen nada que ver» con él y asegura que solo dijo ser Ali Kushayb ante la CPI porque estaba «desesperado».

«Hacía dos meses que esperaba en la clandestinidad (…) tenía miedo de ser arrestado por el gobierno sudanés», declaró. «Si no hubiera dicho eso, la corte no me habría recibido y estaría muerto».

– Civiles como objetivo –

Los combates comenzaron en 2003 en Darfur cuando los rebeldes, denunciando ser víctimas de discriminación étnica, tomaron las armas contra el régimen de Al Bashir, dominado por los árabes.

El gobierno de Sudán reaccionó desplegando a las milicias yanyauid, formadas por miembros de grupos nómadas de la región. 

Según la ONU, el conflicto en Darfur, que terminó en 2020, dejó 300.000 muertos y 2,5 millones de desplazados.

«La dura realidad es que los objetivos en este caso no eran rebeldes, sino civiles. Fueron atacados. Sufrieron. Perdieron la vida. Fueron marcados física y emocionalmente de múltiples maneras», declaró el fiscal de la CPI.

Omar al Bashir, que gobernó Sudán con mano de hierro durante tres décadas, fue destituido en abril de 2019 tras meses de protestas y es buscado por la CPI por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Yaqub Mohamed, coordinador de personas desplazadas, dijo desde el campamento de Kalma, en Darfur del Sur, que el veredicto contra Ali Kushayb representa para los refugiados «una compensación psicológica por la pérdida de sus hijos hace más de 20 años».

«Nosotros, las víctimas, nunca creímos realmente que la justicia vendría a secar nuestras lágrimas», afirmó, por su parte, una de las víctimas de Ali Kushayb.

«Lo que deseamos hoy es regresar a nuestro hogar, encontrar la patria de nuestros ancestros y de nuestros padres», agregó.

El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo que la condena es un «recordatorio» para los que cometen crímenes contra la humanidad de que «no puede haber impunidad para los crímenes a gran escala contra los civiles».

Desde abril de 2023, Sudán vive una guerra entre el ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FSR), nacidas de las milicias yanyauid.

Decenas de miles de personas han muerto y millones han sido desplazadas.

El fiscal de la CPI espera emitir órdenes de arresto relacionadas con la situación actual en Sudán. 

Este nuevo conflicto, marcado por denuncias de atrocidades de ambas partes, ha dejado este país del noreste de África al borde de la hambruna, según las organizaciones humanitarias.

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