La crisis se desacelera, pero las soluciones estructurales se hacen esperar en Bolivia
Gina Baldivieso
La Paz, 8 dic (EFE).- El termómetro de la crisis económica en Bolivia se enfrió un tanto con la llegada hace un mes del centrista Rodrigo Paz al Gobierno, pues si bien la provisión de combustibles es algo más fluida y el precio del dólar en el mercado paralelo se moderó, por ahora no hubo soluciones estructurales, con el riesgo de que cuando se tomen estas medidas, su impacto no sea el mismo, advirtieron expertos.
«Una economía devastada» y «una cloaca de dimensiones extraordinarias» fueron las frases con las que las nuevas autoridades describieron la situación que encontraron al asumir el mando, con denuncias como un daño económico de unos 1.000 millones de dólares anuales por el desvío «ilícito» del combustible que el país importa para su consumo interno.
El Banco Central de Bolivia (BCB) advirtió sobre una pérdida «fuerte» de las reservas internacionales netas (RIN), de 6.468 millones de dólares en 2019 a 3.277 millones al 2 de diciembre, y que el país estuvo al borde de un «proceso inflacionario» como consecuencia del gasto público y de once años continuos de déficit fiscal, que este año podría cerrar en 12,7 %.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, destacó recientemente que «en menos de un mes», la Administración de Paz «restableció la provisión de combustibles, estabilizó el tipo de cambio y redujo la volatilidad» creada durante la gestión de Luis Arce (2020-2025), además de lograr «que el riesgo país retroceda a niveles previos» al Gobierno anterior.
La mayor fluidez en la provisión de combustibles se reflejó en la disminución de filas de vehículos en las gasolineras, mientras que la cotización del dólar paralelo oscila entre 9 y poco más de 10 bolivianos, cuando en mayo llegó a costar 20 bolivianos, frente a un precio oficial de 6,96 bolivianos, fijo desde 2011.
Desde la semana pasada, el BCB publica a diario un valor referencial del dólar respecto al boliviano, aunque el Ejecutivo aclaró que la cotización oficial se mantiene y que se transitará hacia un tipo de cambio «flexible», previo fortalecimiento de las RIN.
La inflación en noviembre fue de 0,40 %, frente al 0,75 % reportado en octubre, y el indicador acumulado en once meses es de 19,69 %, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Pendientes que urgen
El economista Fernando Romero dijo a EFE que «lo pendiente es precisamente lo prioritario», que era al menos «dar a conocer cuál va a ser la ruta crítica en temas neurálgicos, como el gasto público elevado, la subvención de los carburantes que ya es insostenible» y el tipo de cambio fijo que «hace que la economía sea ineficiente».
«Hasta la fecha no veo medidas, sino anuncios en temas económicos», indicó Romero y mencionó que no se han traducido en normas en firme los anuncios de supresión de cuatro impuestos, o la eliminación de aranceles para importar tecnología.
Romero recordó que en 1985, cuando el país experimentó un colapso cambiario y una hiperinflación que alcanzó las cinco cifras, el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro «en menos de un mes hizo los ajustes necesarios para equilibrar la economía y sacarla de la crisis».
Con todo, consideró que «un poco ha bajado este termómetro muy acalorado de la crisis» y valoró la baja del riesgo país y la aplicación del valor referencial del dólar «que ha moderado el mercado paralelo».
«Entonces, está logrando de cierta manera desacelerar la crisis, pero no hizo hasta el momento el Gobierno nada estructural para estabilizar la economía», insistió.
Para Romero, esto podría deberse a las tensiones políticas entre Paz y su vicepresidente, Edmand Lara, o a que, a su juicio, el Ejecutivo está con la mira en las elecciones subnacionales previstas para marzo de 2026 «y no quiere perder popularidad, ni votos».
El economista destacó que el Gobierno esté buscando financiamiento externo, pero advirtió que «si se mantiene todo como está», los dólares que lleguen se irán al pago de la deuda externa y a la importación de carburantes, sin dejar margen para tener el «colchón financiero» que se requiere.
Alertó que si las medidas de impacto se toman dentro de tres o seis meses, tal vez «el efecto no sea el mismo». EFE
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