La defensa de Sorzábal dice que las pruebas del caso Doral son inválidas por «la tortura»
París, 29 oct (EFE).- La defensa de la etarra Iratxe Sorzábal afirmó hoy ante el Tribunal de Apelación de París, que debe decidir si la entrega a España para ser juzgada por el asesinato del ertzaina Montxo Doral en 1996, que todas las pruebas que la acusan están invalidadas por la tortura de la que dice que fue víctima en 2001.
Grégory Thuan, también conocido como Diedonné, uno de los letrados de Sorzábal, subrayó, remitiéndose a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que cuando hay indicios de que algunas pruebas inculpatorias están salpicadas por torturas o malos tratos «los actos corrosivos invalidan el conjunto del procedimiento».
El letrado afirmó que el Tribunal de Apelación de París «se equivocó» cuando en 2018 autorizó la primera entrega de la etarra para ser juzgada en España por otro caso (ha autorizado dos por el momento y rechazó una tercera en 2020) y le pidió que, por las mismas razones que cree que erró entonces, no lo haga ahora.
La Audiencia Nacional de Madrid reclama a Sorzábal la Justicia francesa (lo tiene que hacer por cada caso, ya que fue detenida en Francia) para juzgarla por el asesinato con un coche bomba de Doral, el 4 de marzo de 1996 en Irún, un proceso que en caso de ser declarada culpable podría acarrearle una pena de hasta 20 años de cárcel.
El fiscal de la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París pidió la entrega de Sorzábal a España porque se ha recibido la información que se había solicitado a la Audiencia Nacional de Madrid, que ha contestado a todas las cuestiones que se le habían hecho y con respuestas que le parecen «completas, precisas y circunstanciadas».
El representante del Ministerio Público insistió en que los jueces franceses no pueden ponerse ahora a cuestionar el contenido de esas respuestas porque en ese caso lo que se estaría haciendo es «contravenir» el principio de aplicación de las euroórdenes.
Además, añadió que las objeciones que plantea la defensa para la invalidación de las pruebas de la acusación se tiene que hacer ante los tribunales españoles y no en París. La sala de instrucción de París se pronunciará sobre la demanda española el próximo 3 de diciembre.
En las respuestas recibidas de la Justicia española a las peticiones de información que le había hecho estos últimos meses, el Tribunal de Apelación de París, la Audiencia Nacional de Madrid aclara, en particular, que las confesiones que Sorzábal hizo ante la Guardia Civil, y en la que alega que fue torturada, no son el único elemento de prueba en su contra.
Además de eso está la ‘kantada’ requisada en 2002 en un piso franco de ETA en el Cahors (sur de Francia), en la que aparecía una lista de acciones de la banda, entre ellas la de la bomba lapa que se colocó bajo el coche de Doral, y que le mató.
Según la lectura que hace la Audiencia Nacional, esa ‘kantada’ no era una simple repetición de lo que la etarra había confesado a la Guardia Civil durante su detención durante cinco días en marzo de 2001, y en la que afirma que fue torturada, sino que contiene elementos que sólo podían ser conocidos por personas implicadas en los hechos.
Una afirmación negada por la abogada de la defensa Xantiana Cachenaut, que insistió en que allí se cuenta «todo» lo que ella dijo a los guardias civiles durante el arresto de marzo de 2001, e hizo notar que una ‘kantada’ es un documento dirigido a la banda que debe pormenorizar todo lo que se ha explicado en una detención, incluido el trato recibido.
Sobre todo, insistió en que no tendría sentido que hubiera incluido otros elementos, como pretende la Justicia española.
Thuan recalcó tribunal que resulta sorprendente que Sorzábal quedara en libertad tras los cinco días de arresto de marzo de 2001 (a partir de ahí pasó a la clandestinidad) pese a haber confesado su implicación en diez atentados, uno de ellos mortal.
El abogado recordó, por otro lado, que ha presentado una demanda ante el Tribunal de Estrasburgo por la condena dictada contra la etarra a 24 años por su participación en un atentado con explosivos en Gijón en 1996, y que ha sido admitida a trámite. EFE
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