La economía y el rumbo del Gobierno dividen al Parlamento en primer año de Orsi en Uruguay
Montevideo, 27 feb (EFE).- Uruguay llega al primer año de la presidencia de Yamandú Orsi, que se cumple el 1 de marzo, con un balance político polarizado, en el que el oficialismo destaca el crecimiento económico y la baja inflación, mientras la oposición alerta sobre un freno a la inversión privada y retrocesos en áreas clave de la gestión.
Orsi ha gobernado sin mayoría propia en el Parlamento -una situación inédita desde la recuperación democrática en 1985-, lo que ha obligado al Ejecutivo a negociar cada proyecto y ha marcado un primer año atravesado por acuerdos como el presupuesto quinquenal y controversias por la cancelación de contratos y la revisión de reformas de la Administración anterior.
Desde el oficialista Frente Amplio, el senador Daniel Caggiani defendió la gestión y la describió como una etapa «de instalación y de organización» frente a un país que -asegura- presentaba cuentas públicas «desordenadas» y un fuerte «endeudamiento social» heredado del Gobierno anterior.
Caggiani destacó que, a pesar de los desafíos, se lograron acuerdos parlamentarios clave, como la aprobación del presupuesto quinquenal.
En el plano económico, subrayó el crecimiento, el aumento del empleo con «la mayor cantidad de personas con empleo en los últimos 35 años» y una inflación por debajo del 4 %, lo que, según afirmó, permitió recuperar salario real y jubilaciones.
En la misma línea, la senadora Patricia Kramer aseguró que se sentaron «las bases de mejores y mayores transformaciones» gracias a la negociación parlamentaria. Destacó la aprobación de la ley de eutanasia, el consenso presupuestal, la misión oficial a China y la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
El panorama descrito por la oposición es diametralmente opuesto. Para el senador del Partido Colorado Robert Silva, el Gobierno de Orsi «no tiene rumbo» y carece de «un proyecto país», denunciando además «retrocesos marcados» en áreas fundamentales como la educación y las políticas sociales.
Silva fue especialmente crítico con las decisiones de revertir proyectos de la Administración de Luis Lacalle Pou (2020-2025), como el rediseño del plan de abastecimiento de agua potable y la cancelación del contrato para la compra de patrulleras oceánicas al astillero español Cardama.
Sobre este último caso, acusó al Ejecutivo de «anteponer el interés político partidario electoral del año 2029 al interés nacional» y advirtió que la rescisión afecta «la certeza jurídica» y la credibilidad internacional.
Pese a las diferencias, tanto oficialismo como oposición coinciden en que la reciente ratificación del tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) representa una oportunidad histórica. EFE
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