La Fiscalía pide sobreseer a doce imputados por ataque a AMIA en Argentina
Buenos Aires, 27 sep (EFE).- La Fiscalía encargada de investigar el atentado contra la mutua judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994 en el peor ataque terrorista en la historia de Argentina, solicitó el sobreseimiento de doce imputados vinculados a diversas líneas de investigación, informaron este lunes a Efe fuentes de la causa.
En tres resoluciones, la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA) a cargo de Sebastián Basso solicitó los sobreseimientos de los acusados por la «conexión local» del atentado.
En ese sentido, el fiscal pidió a la magistrada encargada del juzgado federal 6, María Eugenia Capuchetti, que dicte el sobreseimiento de los imputados en la conocida «línea siria», en otra relacionada con el volquete dejado en la puerta de la AMIA y en otra relativa a una concesionaria vinculada con Carlos Telleldín, último poseedor del vehículo usado como coche bomba en la explosión.
De esta forma, Basso pidió el sobreseimiento de Alberto Jacinto Kanoore Edul (hijo), el exagente policial Víctor José Chabán, el propietario de la empresa de volquetes «Santa Rita», Nassib Haddad, y sus familiares Pablo, Javier y Guillermo, además de otro grupo de acusados que pertenecían a la firma «Alejandro Automotores».
Dicho grupo está formado por Víctor Monjo, Gabriel Meli, Edgardo Yema, Rodolfo Setau, Marcelo Delacour y Antonio Quiroga.
«Tras una extensa investigación, no se han logrado encontrar elementos de prueba que nos permitan sostener que Alberto Jacinto Kanoore Edul y/o Víctor José Chaban hayan participado, colaborado o contribuido de alguna manera, en la comisión del atentado a la sede de la AMIA», señaló el fiscal respecto a los investigados en la «línea siria».
Respecto a Haddad y sus familiares, la UFI-AMIA señaló que «no pudo acreditarse que la existencia del volquete formara parte del plan criminal» y «tampoco se detectó alguna irregularidad en el uso y destino del material explosivo, ni puede afirmarse que el material detonante por ellos haya sido utilizado para la voladura de la AMIA».
«No fue posible corroborar, siquiera mínimamente, la conexión de la familia Haddad con el hecho terrorista investigado», aseveró Basso.
En cuanto a los imputados vinculados a la empresa «Alejandro Automores» el fiscal entendió que está «agotada la producción de medidas probatorias que pudieran aportar datos de interés».
Esta decisión del fiscal Sebastián Basso fue criticada por la agrupación «Memoria Activa», una asociación civil sin ánimo de lucro dedicada a esclarecer las responsabilidades por los atentados contra la AMIA y contra la embajada de Israel en 1992, que dejó 29 muertos. EFE
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