La Fiscalía considera probado que Sarkozy estableció un acuerdo con Gadafi para su campaña
París, 12 may (EFE).- La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París consideró probado que Nicolas Sarkozy estableció un acuerdo de corrupción con Muamar Gadafi para recibir dinero del líder libio en la campaña que le llevó al Elíseo en 2007 y reclamó que se le condene por todos los cargos por los que está inculpado.
«Hubo un acuerdo entre Muamar Gadafi y Nicolas Sarkozy por el que Nicolas Sarkozy y Claude Guéant, en recompensa de los fondos pagados por el régimen libio, debían iniciar procedimientos para que se levantara la orden internacional de detención contra Abdallah Senoussi», brazo derecho del primero, afirmó hoy el fiscal Damien Brunet.
En la segunda jornada de la requisitoria, el Ministerio Público pidió al tribunal que condene al que fuera presidente francés entre 2007 y 2012 por asociación de malhechores, como ya ocurrió en el proceso en primera instancia, pero a diferencia de lo que ocurrió entonces también por corrupción, por financiación ilegal de la campaña y por receptación de fondos públicos libios.
Brunet, que es uno de los tres miembros del equipo de fiscales en este proceso que debe quedar visto para sentencia el próximo día 27, cargó contra Sarkozy y contra Claude Guéant, el que era su jefe de gabinete en 2005-2007 cuando sucedieron los principales hechos que se están juzgando ahora.
«No se comportaron -denunció- ni como un jefe de Estado, ni como un ministro de Estado, ni como un alto funcionario. Usurparon las calidades que iban asociadas a esas funciones».
Se refería así al comportamiento que tuvieron Sarkozy, primero como ministro del Interior antes de ser elegido presidente, y Guéant como su ‘número dos’.
Para el fiscal, «Nicolas Sarkozy hizo de sus cuentas de campaña (de 2007) el receptáculo que ocultaba sus corruptelas con el régimen libio».
En primera instancia en 2025, el Ministerio Público también había pedido que el ex jefe del Estado fuera condenado por los cuatro delitos por los que estaba encausado y solicitó entonces una pena de siete años de prisión, cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 300.000 euros.
El tribunal lo condenó por la inculpación de asociación de malhechores, pero no por las otras tres y le impuso cinco años de prisión firme que debía ejecutar con carácter provisional, lo que le llevó a pasar 20 días entre rejas el pasado otoño antes de ser liberado bajo control judicial.
El Ministerio Público dará a conocer en este juicio en apelación su petición de penas mañana miércoles, al término de su requisitoria, que dará paso a los alegatos de la defensa de los diez encausados. EFE
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