La fiscal general israelí acusa Ben Gvir de injerencia política en la labor policial

Jerusalén, 25 sep (EFE).- La fiscal general israelí, Gali Baharav-Miara, calificó este jueves de «ilegales, inválidas e inaplicables» las nuevas normas policiales para limitar las manifestaciones ordenadas por el ministro ultraderechista se Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, que suponen a su juicio una «injerencia política» en la labor policial.

En una carta dirigida al ministro, la fiscal se opone a estas normas, que se difundieron a finales de agosto coincidiendo con una jornada de manifestaciones contra la guerra en Gaza en las que se bloquearon numerosas carreteras.

Según estas nuevas directrices de Ben Gvir para las manifestaciones, «las rutas y carreteras esenciales deben permanecer abiertas en todo momento y no se debe permitir su bloqueo en ningún momento».

La fiscal advierte al ministro de que si «desea publicar una política válida, esta debe formularse en concordancia con la ley» y pone sobre la mesa sus «preocupaciones sobre un intento de influir indebidamente en la labor policial».

También recuerda una sentencia del Tribunal Supremo por la que las interrupciones del tráfico pueden ser un «precio que debe pagarse en una sociedad democrática».

En un mensaje en su cuenta de X, Ben Gvir reaccionó con rechazo a la opinión legal de la Fiscalía, acusando a Baharav-Miara de fomentar la «anarquía» y de desear «ver sangre».

Sus declaraciones hacen referencia a un incidente ocurrido en una protesta contra el Gobierno en Kfar Saba (norte de Israel) a principios de este mes durante la que el parlamentario del Likud Eli Dallal fue empujado al suelo, altercado que resultó en el arresto de al menos cuatro personas que no fueron imputadas por la Fiscalía.

Ben Gvir utilizó este evento para criticar a Baharav-Miara, sugiriendo que su falta de acción ante los hechos reflejaba una actitud permisiva hacia la violencia política por parte de la Fiscalía.

El ministro de Seguridad Nacional mantiene una relación tensa con la fiscal general debido a sus frecuentes enfrentamientos sobre la política de seguridad y la actuación policial.

A su vez, la Fiscalía ha acusado en varias ocasiones a Ben Gvir de intentar interferir en decisiones operativas de la policía y de vulnerar derechos fundamentales, advirtiéndole que sus iniciativas podrían ser ilegales y carecer de validez jurídica.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu votó a favor de destituir a la fiscal general, pero el Tribunal Supremo emitió a principios de agosto una orden que prohíbe al Ejecutivo cesarla hasta que dicte nuevas instrucciones al respecto.