La India frena su intento de intervenir los móviles ante la presión por la privacidad
Nueva Delhi, 3 dic (EFE).- El Gobierno indio desistió este miércoles de su plan para obligar a los fabricantes de teléfonos a vender sus dispositivos con una aplicación estatal preinstalada, tras una campaña de la oposición y activistas digitales que denunciaron un intento de vigilancia masiva.
«El Gobierno ha decidido no hacer obligatoria la preinstalación para los fabricantes de dispositivos móviles» de la aplicación Sanchar Saathi, informó el Ministerio de Comunicaciones de la India en un comunicado.
Las autoridades justificaron la marcha atrás argumentando que la adopción voluntaria de la aplicación ya es suficiente, haciendo innecesaria la imposición. “El número de usuarios de la aplicación ha aumentado rápidamente, y la obligación de instalarla buscaba acelerar este proceso y facilitar su acceso a los ciudadanos menos informados”, aseguró.
Sin embargo, la decisión llega justo después de que el Partido del Congreso calificara la orden como «inconstitucional» y una «herramienta distópica» diseñada para monitorear a la ciudadanía desde el momento en que encienden sus teléfonos.
La normativa original pretendía que marcas globales y locales integraran el software Sanchar Saathi en la configuración de fábrica de cada terminal nuevo vendido en el país, y facilitar la instalaciones en los equipos ya en uso.
La aplicación, que continúa operativa, permite verificar si un teléfono es auténtico mediante su número IMEI, denunciar y bloquear dispositivos perdidos o robados, consultar cuántas líneas están registradas a nombre de un usuario y reportar llamadas sospechosas, intentos de fraude o enlaces maliciosos.
La India concentra más de mil millones de conexiones móviles, cifra que sitúa al país como el segundo mayor mercado global del sector solo por detrás de China.
La iniciativa fallida se inserta en un contexto mayor de digitalización estatal, con una vasta infraestructura pública digital que atraviesa la vida cotidiana de sus ciudadanos.
El Estado impulsa y gestiona un inmenso ecosistema de aplicaciones oficiales que abarca desde el sistema de pagos unificados (UPI) hasta la gestión de identidad biométrica (Aadhaar) o el almacenamiento de documentos (DigiLocker). EFE
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