La inhabilitada fiscal general de Perú dice que el Ministerio Público «ha sido tomado»
Lima, 4 dic (EFE).- La suspendida fiscal general de Perú, Delia Espinoza, aseguró este jueves que el «Ministerio Público terminó de ser tomado» en su país, con la decisión del pleno del Congreso de inhabilitarla para ejercer cualquier cargo público durante diez años por una presunta infracción constitucional.
«Nuestro Ministerio Público terminó de ser tomado», afirmó Espinoza en una rueda de prensa en la que acusó a los congresistas que este miércoles votaron a favor de su inhabilitación de cometer «una fechoría tras otra» y haber tomado una decisión «inconstitucional».
Consideró, además, que esta medida es un «mensaje directo» que busca amedrentar a los fiscales y que «no sería raro» que ahora el Congreso se «apresure yendo contra la orden judicial que dispuso que se detenga un procedimiento disciplinario» en su contra.
En ese sentido, Espinoza criticó a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, por no haberse pronunciado sobre este caso y dijo que ese «silencio no le hace bien a la democracia y, sobre todo, al derecho a expresarse como autoridad responsable de la legalidad en el país».
A pesar de la decisión del Congreso, Espinoza dijo que se siente la «legítima» fiscal general y consideró que si la Junta de Fiscales Supremos la reemplaza en el cargo se estaría convalidando una sanción que consideró «inconstitucional».
La fiscal anunció, en ese sentido, que presentará una acción de amparo ante el Poder Judicial, además de denuncias por supuestas infracciones a la Constitución.
El pleno del Congreso inhabilitó este miércoles a Espinoza para ejercer cualquier cargo público durante diez años, tras aceptar un pedido para reconsiderar una primera votación que no alcanzó los apoyos necesarios para tomar esa medida.
La fiscal general, quien había sido suspendida durante seis meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de control de la Judicatura peruana, tenía a su favor una orden judicial para que sea respuesta en su cargo, pero esa medida aún no había sido atendida.
Previamente, el pleno también la desaforó al aprobar una acusación constitucional para que sea procesada por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, usurpación de funciones y falsedad genérica, por haber impulsado investigaciones contra altos funcionarios, a pesar de que el Parlamento entregó esa función a la Policía.
Con la aprobación de la resolución legislativa que ordena la formación de la causa penal, la acusación constitucional contra Espinoza será remitida, precisamente, a la Fiscalía de la Nación para que continúe con el proceso.
Espinoza ejerció el cargo desde noviembre del año pasado hasta septiembre, cuando fue sancionada por la JNJ y fue reemplazada de manera interina por Tomás Galvez, en medio de una crisis interna en el Ministerio Público, desde la salida de su antecesora Patricia Benavides, en mayo de 2024, por presuntamente haber encabezado una red corrupta al interior del organismo. EFE
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