La institucionalidad y libertad de prensa se vulneraron en Bolivia en 2024, según informe

La Paz, 23 abr (EFE).- La institucionalidad democrática y la libertad de prensa fueron de las más vulneradas, según el estudio sobre ‘Libertades Fundamentales e Institucionalidad en Bolivia 2024’, que presentó este miércoles la privada Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas).

La directora de Unitas en Bolivia, Mila Reynolds Brun, mencionó que el informe es una «radiografía profunda» de la situación de las libertades fundamentales durante el año pasado, el cual se presentó ahora «en una etapa de año electoral», entre «tensiones políticas» y «discursos polarizantes».

La investigación estableció que en 2024 se registraron 915 vulneraciones a las libertades fundamentales, con datos que también son contrastados con los años 2021, 2022 y 2023, lo que permite «identificar tendencias, patrones de vulneración y dinámicas persistentes», añadió.

El reporte identificó 525 situaciones de vulneración a la institucionalidad democrática (57 %), 150 a la libertad de prensa (17 %), 95 a la libertad de reunión y protesta (10 %), 93 casos que violentaron a los defensores de derechos (10 %), 34 hechos contra la libertad de expresión (4 %) y 18 que afectaron la libertad de asociación (2 %).

Entre las acciones contrarias a la institucionalidad democrática figuran actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos (282), el acoso político (70), los procedimientos no basados en la norma (48), la corrupción (48) y el incumplimiento de procesos adecuados en la elección de autoridades (27), entre otros.

En este ámbito, el informe alertó sobre la corrupción como «patrón estructural», además del debilitamiento de la independencia judicial, la conflictividad social y la violencia en el Legislativo.

Mientras que las vulneraciones a la libertad de prensa consistieron en agresiones físicas o psicológicas a periodistas (42), el impedimento de acceso a la información (30), las amenazas o amedrentamientos a periodistas (24), la criminalización de periodistas (11) y la estigmatización de periodistas (11), entre las más relevantes.

Asimismo, el estudio señala que los principales agentes vulneradores de derechos fundamentales son las autoridades estatales (140), la Policía Boliviana (114), autoridades del Legislativo (56), particulares (53), autoridades municipales (44) y autoridades judiciales (22).

El informe fue elaborado por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas, en base al monitoreo de prensa, entrevistas, denuncias públicas, reportes de instituciones bolivianas e internacionales y el análisis de casos específicos en redes sociales, con la metodología ‘Monitor Civicus’.

Entre las recomendaciones relacionadas con el fortalecimiento de la institucionalidad se menciona la necesidad de «garantizar un proceso de selección y designación de autoridades judiciales y legislativas basado en criterios de transparencia, meritocracia y respeto a la normativa vigente».

Mientras que, entre las sugerencias vinculadas a la libertad de prensa, propone «implementar un mecanismo de protección integral para periodistas que garantice su seguridad física y psicológica». EFE

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