La rescisión del contrato entre Uruguay y el astillero español, irá a arbitraje en Europa
Vigo (España), 13 may (EFE).- La rescisión del contrato de Uruguay con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras por importe de 92 millones de dólares (casi 80 millones de euros) afrontará un arbitraje internacional en Europa, han confirmado a EFE fuentes del sector conocedoras del caso.
La Corte Internacional de Arbitraje será la encargada de determinar cuál de las dos partes implicadas en este contrato tiene razón.
Al ser consultada por EFE, Cardama, la compañía española con sede en Vigo (noroeste), ha rechazado hacer declaraciones y tampoco ha confirmado este movimiento jurídico.
La controversia entre el astillero gallego y el Estado uruguayo se originó a partir del contrato firmado el 15 de diciembre de 2023 para la construcción de dos buques de patrulla oceánica (OPV) por un valor de 92 millones de dólares.
El acuerdo fue rubricado por el Ministerio de Defensa de Uruguay durante la administración del entonces presidente Luis Lacalle Pou (2020-2025).
El objetivo de la compra era dotar a la Armada Nacional uruguaya de patrulleras oceánicas para la custodia de la soberanía marítima y la vigilancia de los recursos naturales del país.
Sin embargo, el contrato comenzó a ser cuestionado por la nueva administración encabezada por Yamandú Orsi.
El 22 de octubre de 2025, el Gobierno uruguayo anunció su decisión de rescindir el contrato tras detectar presuntas irregularidades en las garantías exigidas a la empresa, que había recurrido a Eurocommerce Ltda., con sede en el Reino Unido, para avalar la operación.
No obstante, el Gobierno uruguayo comprobó que dicha firma se encontraba en proceso de liquidación y que no operaba en el domicilio declarado, lo que motivó la presentación de denuncias civiles y penales por posible fraude o estafa al Estado y la activación del proceso de rescisión contractual.
El 13 de febrero de este año, el Gobierno uruguayo confirmó oficialmente la rescisión del contrato con Cardama por «incumplimientos graves» e inició acciones legales por daños y perjuicios, así como medidas para recuperar el patrimonio del Estado.
Desde Vigo, Cardama negó entonces haber cometido fraude alguno y sostuvo que las garantías fueron presentadas, aceptadas y renovadas conforme al contrato.
La compañía defendió que cumplió sus obligaciones contractuales, afirmó que la construcción de las patrulleras estaba en marcha y manifestó su disposición a sustituir la garantía si fuera necesario.
También advirtió del impacto reputacional negativo generado por las declaraciones públicas del Gobierno uruguayo y anunció que estudiaría las acciones legales correspondientes. EFEcaf/jr/grc/rcf
