Las FARC no entregaron todos los bienes que se comprometieron a dar para reparar víctimas

Bogotá, 20 ene (EFE).- La Contraloría colombiana (tribunal de cuentas) advirtió este martes de que la desmovilizada guerrilla de las FARC no entregó todos los bienes que se comprometió a dar para reparar a las víctimas del conflicto armado cuando firmó el acuerdo de paz con el Gobierno en noviembre de 2016.

«Los bienes entregados por las FARC al Estado Colombiano difieren sustancialmente de los compromisos del acuerdo, lo que compromete la eficacia del principio de verdad, justicia y reparación», expresó la Contraloría en un comunicado.

En ese sentido, el tribunal de cuentas señaló que las FARC se comprometieron a dar 12.070 millones de pesos (unos 3,2 millones de dólares), de los cuales sólo han entregado 2.114 millones de pesos (572.000 dólares).

Igualmente la guerrilla manifestó que entregaría 440.020 gramos de oro y el Estado únicamente recibió 252.500.

En cuanto a los inmuebles, la Contraloría explicó que el desmovilizado grupo armado reporto 722 unidades, de los cuales sólo recibió uno el Estado.

El tribunal de cuentas señaló que esto ocurre en un contexto en el que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado tras la firma del acuerdo entre el Gobierno y las FARC, necesita 121.858 millones de pesos (unos 33 millones de dólares) para implementar el componente reparador de sus condenas.

De ese monto, el tribunal sólo tiene disponibles 20.000 millones de pesos (unos 5,4 millones de dólares) para este año.

«La reparación a las víctimas dispuesta en las dos primeras sentencias de la JEP, está desfinanciada en un 83,6 % para el año 2026. Faltan 101.858 millones de pesos (unos 27,6 millones de dólares) sin contar las sentencias que puedan seguirse produciendo en esta jurisdicción», agregó la información.

El año pasado la JEP emitió sus primeras dos condenas a penas restaurativas, que no conllevan cárcel, contra siete integrantes del último mando de las FARC por los secuestros cometidos por esa guerrilla y contra doce exmilitares por asesinatos de civiles, casos conocidos en Colombia como ‘falsos positivos’.

Justamente en septiembre, tras emitir las condenas, la JEP solicitó «con urgencia» al Gobierno colombiano y al Congreso los 33 millones de dólares que necesita para implementar sus primeras sentencias restaurativas.

Sin los recursos que pide, la JEP afirmó entonces que no será posible poner en marcha las sanciones que tienen que ver con obras comunitarias, memoriales y programas de sanación con pueblos indígenas, entre otras.

Igualmente, esa jurisdicción advirtió que el cumplimiento de las sentencias restaurativas «depende, constitucional y legalmente, de la asignación de recursos por parte del Gobierno». EFE

jga/jgb