Las políticas de memoria están «bajo asedio» en Argentina, según organismos de DD. HH.
Buenos Aires, 16 dic (EFE).- Las políticas de memoria, verdad y justicia se encuentran «bajo asedio» en Argentina, tras un proceso de “desmantelamiento, degradación y desjerarquización” llevado a cabo por el Gobierno de Javier Milei desde su asunción en diciembre de 2023, según un informe presentado este martes por organizaciones de derechos humanos.
El informe, titulado ‘Bajo asedio: las políticas públicas de memoria, verdad y justicia ante la ofensiva revisionista’, fue elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto con Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S Capital y Memoria Abierta, con el apoyo de las fundaciones Heinrich Böll, Friedrich Ebert y Rosa Luxemburgo.
Según el informe, las decisiones adoptadas desde diciembre de 2023 representaron un «embate destructivo» de la institucionalidad construida desde el retorno de la democracia para garantizar el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
Las organizaciones señalaron que el Gobierno no solo redujo de manera “drástica” los recursos humanos y financieros destinados a estas políticas, sino que también «desarmó equipos, suprimió funciones, abolió estructuras y programas, e invalidó articulaciones entre organismos».
El relevamiento puso el foco, además, en la restricción del acceso de la sociedad civil a archivos estatales que contienen información sobre graves violaciones a los derechos humanos, en el retiro del Estado como querellante en causas por crímenes de lesa humanidad y en sus intentos de retrasar tales procesos, al alegar escasez de recursos.
«Este corrimiento se acompañó de una retórica que minimiza los impactos del terrorismo de Estado, estigmatiza a las víctimas, elogia medidas de impunidad de gobiernos en el pasado y alienta la percepción de que los juicios han sido un dispositivo de humillación contra las Fuerzas Armadas», expresa el informe.
Este proceso, según advierten los elaboradores del informe, se produjo en paralelo a una “campaña pública de descalificación” tanto de las políticas de memoria como de los organismos y actores que históricamente impulsaron su implementación.
El documento también señala que las medidas adoptadas contravienen normas nacionales y compromisos asumidos por el Estado argentino en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, advertencias que, según el informe, ya fueron formuladas por organismos internacionales.
Fuerzas Armadas y política
El ministro de Defensa de Argentina, Carlos Alberto Presti, hasta hace días jefe del Ejército de Argentina, es el primer militar en actividad en ser designado como cabeza de esa cartera desde la última dictadura militar.
Esa decisión de Milei, según los organismos, puso en crisis uno de los grandes logros del proceso de memoria, verdad y justicia: el apartamiento de las Fuerzas Armadas de la vida política, su subordinación a las jefaturas civiles y su alejamiento de la seguridad interior.
«Evidencia una pulsión por la repolitización de las Fuerzas Armadas y por la militarización de la vida política», expresa el documento, que a su vez revela que el jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa designado por Presti, Guillermo Madero, obstaculizó en 2024 la entrega de documentación a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), «entorpeciendo las investigaciones sobre los robos de bebés» perpetrados durante la última dictadura.
«Memoria completa»
En paralelo al desmantelamiento y la degradación de las políticas de memoria, el Gobierno postuló públicamente un cambio de paradigma que designa como “memoria completa”, una denominación acuñada en la posdictadura por las organizaciones de defensa de los militares procesados y condenados por delitos de lesa humanidad.
A su vez, niega la cifra de 30.000 desaparecidos establecida por los organismos.
«Se trata de una narrativa gubernamental con componentes negacionistas, relativistas y de reivindicación del terrorismo de Estado, que busca socavar el balance social condenatorio de la última dictadura, y poner bajo sospecha la legitimidad de las víctimas y las organizaciones que las agrupan», concluyó el informe. EFE
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