Ley de gasto de gobiernos locales en Ecuador acumula 5 demandas de inconstitucionalidad
Guayaquil (Ecuador), 26 feb (EFE).- La ley que reforma el esquema de gasto de gobiernos locales en Ecuador y que limita el presupuesto destinado a salarios de sus funcionarios, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional (Parlamento), ya acumula cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional.
La normativa, que reforma el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), fue enviada al Parlamento por el presidente Daniel Noboa en calidad de proyecto económico urgente, y fue aprobada el pasado viernes, pese a que generó protestas de grupos sociales y críticas de la oposición.
Las reformas entraron en vigor el lunes y determinan que los municipios y prefecturas deberán destinar al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y no más del 30 % a gasto corriente, como salarios y funcionamiento administrativo.
Una medida que para el oficialismo «responde a una lógica de eficiencia» y de «justicia social con la ciudadanía» para que «primero se prioricen las necesidades básicas de agua potable y alcantarillado y luego el gasto corriente».
Sin embargo, grupos sociales que salieron a las calles a protestar días antes de su aprobación y partidos de la oposición como el correísmo, que gobierna las prefecturas y municipios más grandes del país, como Quito y Guayaquil, han asegurado que la ley es inconstitucional y que provocará una reducción en el presupuesto destinado a educación y otros servicios básicos.
Bajo esas preocupaciones, organizaciones sociales como la Unión Nacional de Educadores (UNE), el movimiento político Unidad Popular, el concejal de Quito Andrés Campaña, la asambleísta correísta Patricia Núñez y un abogado llamado Adolfo Espinel han presentado en los últimos cuatro días cinco demandas de inconstitucionalidad que ya están en análisis del alto tribunal.
El concejal Campaña aseguró que con la entrada en vigencia de la ley «automáticamente se procede a la eliminación de partidas relacionadas con personal de servicios sociales», por lo que solicitó, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la normativa, con el objetivo de «evitar vulneraciones a los derechos y servicios de las familias quiteñas».
Geovanni Atarihuana, de Unidad Popular, también afirmó que habían pedido a la Corte Constitucional que suspenda los efectos de la ley mientras la analiza, porque «están en riesgo los derechos de la población».
El Ejecutivo, por su parte, ha defendido la normativa, asegurando que «cada dólar que administran alcaldías y prefecturas deberá transformarse en obras y servicios que mejoren la vida de los ciudadanos», según dijo la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, el día de su aprobación. EFE
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