Los auditores de la UE aprueban las cuentas de sus 43 agencias, incluidas las 3 en España
Bruselas, 30 oct (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha aprobado la gestión financiera de 2024 de las 43 agencias de la Unión Europea distribuidas en su territorio, incluidas las tres con sede en España: la Oficina de Propiedad Intelectual (EUIPO) en Alicante, la de Control de la Pesca (AECP) en Vigo y la de Seguridad en el Trabajo (EU-OSHA) en Bilbao.
Los auditores han dado su visto bueno a la gestión y avalado la regularidad de los ingresos y pagos de las agencias, que manejan el 4 % del presupuesto del bloque (5.300 millones de euros) y emplean a 17.000 personas, según el informe publicado este jueves.
El Tribunal destaca que los resultados son mejores que los de 2023, pero advierte de que siguen detectando problemas en los sistemas de gestión y control, en particular, con respecto a los procedimientos de contratación pública, principal fuente de irregularidades.
Los auditores ven margen de mejora en 33 agencias, sobre todo por el elevado número de prórrogas y los retrasos en los pagos. Además, en varias se observan que faltan controles adecuados, que se ponen en marcha procedimientos de contratación pública sin las debidas decisiones de financiación o se ejecutan gastos sin una autorización adecuada, así como insuficiencias en la gestión de subvenciones.
Si bien la auditoría concluye que las cuentas de las agencias son fiables, los auditores señalan que debe prestarse atención a la información financiera de algunas, en particular en cuanto a las repercusiones de procedimientos jurídicos, la disminución de ingresos o los costes inciertos de algunas tareas.
Agencias en España
En el caso de las agencias con sede en España, el Tribunal avala la gestión presupuestaria así como la regularidad y legalidad de sus pagos e ingresos en general, pero advierte de algunas deficiencias que les pide subsanar, sin que ello cuestione el aprobado a las cuentas.
Sobre la EUIPO, que gestionó un presupuesto de 437 millones de euros en 2024 y fue la segunda que más personas empleó (1.205), señala que restringió la competencia en un procedimiento de contratación de servicios de restauración con una empresa de Barcelona por haber incluido entre las condiciones la prestación de servicios en Alicante y la Ciudad Condal.
Esto hace que 498.000 euros en pagos ligados a este contrato sean irregulares.
A ello se suma a otro pago irregular de casi 60.000 euros por haber firmado contratos directos con un proveedor de servicios de gestión de instalaciones deportivas durante cuatro meses tras la expiración de un contrato previo, algo que contraviene la normativa que impide firmar contratos directos por más de 15.000 euros.
Por lo que respecta a la Agencia de Control de la Pesca, el Tribunal destaca que existen «deficiencias» en los controles para comprobar que los expertos nacionales en comisión de servicio viven efectivamente en Vigo, como exigen las normas, con lo que genera el riesgo de que las indemnizaciones que pagan por este motivo no sean correctas y revela una «insuficiencia sistemática» en el control.
Asimismo, cuestiona los criterios utilizados en al diseñar una licitación para servicios informáticos y subraya que en 2024 la agencia prorrogó a 2025 el 22 % de los créditos no disociados del ejercicio, algo que ya ocurrió en 2023.
«Los elevados porcentajes recurrentes de prórrogas menoscaban el principio presupuestario de anualidad y ponen de manifiesto problemas estructurales en el proceso presupuestario y en el ciclo de ejecución», señalan los auditores.
La misma advertencia hacen a la Agencia de Seguridad en el Trabajo, con sede en Bilbao, que prorrogó un 22,6 % de créditos, y a la que también afean haber pagado una serie de cursos en línea sin comprobar el número de horas de formación notificadas y facturadas por el contratista, en contra de sus normas.
La AECP contó en 2024 con un presupuesto de 43 millones de euros y 98 empleados, mientras que la EU-OSHA tuvo 23 millones y 64 trabajadores. EFE
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