Los militantes del partido de Puigdemont apoyan su decisión de romper con el Gobierno español
Los militantes del partido del líder independentista catalán Carles Puigdemont apoyaron con el 87% de los votos su decisión de poner fin al respaldo parlamentario al Gobierno español del socialista Pedro Sánchez, anunció la formación este jueves.
La consulta tuvo como resultado un 86,98% de apoyo a la decisión de Puigdemont y la dirección del partido Junts per Catalunya (JxCat), un 10,22% en contra, y un 2,80% de votos en blanco, con una participación del 66,29% de la militancia.
No está claro aún el impacto que tendrá esta decisión, pero Junts ya ha votado en contra de numerosas leyes propuestas por el Gobierno y no se espera un año más que Sánchez consiga aprobar presupuestos, sin que eso haya hecho caer al Ejecutivo.
«No estamos dispuestos a continuar ayudando a un gobierno que no ayuda a Cataluña», aseguró Puigdemont el lunes al anunciar su decisión, alegando que el Gobierno de Sánchez no había cumplido con los acuerdos que se alcanzaron para apoyar su investidura en 2023.
«Si a partir del jueves a las 6 de la tarde la militancia de Junts ratifica el acuerdo adoptado esta mañana por unanimidad (…), el gobierno español no tendrá, ni podrá recurrir a la mayoría de la investidura: no tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para gobernar», dijo entonces.
Sánchez, que encabeza un gobierno de izquierdas en minoría parlamentaria, reitera su voluntad de cumplir la legislatura hasta el final, en 2027, aunque no consiga aprobar presupuestos.
A cambio de su investidura, el líder socialista se comprometió, entre otras cosas, a impulsar la ley de amnistía para los independentistas procesados por el intento secesionista y a trabajar para que el catalán fuera lengua oficial de la Unión Europea.
Aunque finalmente el Parlamento español aprobó la ley de amnistía en 2024, Puigdemont no pudo beneficiarse todavía porque el Tribunal Supremo decidió que no era aplicable a los investigados por delito de malversación.
Quien fuera presidente del gobierno regional durante la intentona separatista de 2017 sigue residiendo en Bélgica a la espera de que el Tribunal Constitucional español decida sobre el recurso que presentó para poder acogerse a la ley.
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